El sector asturiano de las empresas de montajes y de la industria auxiliar, que agrupa a unos 3.000 trabajadores, ve con inquietud la falta de respuesta de la patronal a la propuesta de convenio colectivo planteada de forma conjunta por CC OO (9 representantes en la mesa negociadora), UGT (5) y USO (1).

Tras el vencimiento el 31 de diciembre pasado del anterior convenio sectorial (2014-2015), los sindicatos plantean como plataforma reivindicativa la negociación de un convenio a dos años (aunque aceptan supeditar la duración a la conformidad de las partes), con subidas salariales del 2,5% en 2016 y 3,5% en 2017 (con cláusula de revisión en función de las posibles desviaciones de la inflación), compromiso de progresiva conversión de contratos eventuales en fijos ("hay empresas con más del 60% de contratos eventuales", dijo un representante sindical) y solicitud de medidas de conciliación de la vida laboral y familiar.

Según medios sindicales, las empresas habrían planteado por dos veces postergar el inicio de las negociaciones a la espera de que se clarifique el entorno y se confirmen unas expectativas más óptimas. Los sindicatos interpretan que la tardanza en abordar la negociación puede obedecer a la presión de las grandes empresas industriales (sobre todo, multinacionales afincadas en Asturias) para las que trabajan como subcontratistas las compañías del sector para que éstas reduzcan entre el 10 y el 15% los importes de sus contratos con sus clientes. Se trataría así de aliviar costes y atenuar por esta vía la caída de los precios industriales, causada en parte por la desinflación general en Europa y la presión exportadora de China de algunos productos intermedios, caso del acero, en régimen de "dumping".

Los sindicatos dijeron que la pretensión de las llamadas empresas principales no es nueva y que no es causa suficiente para no abordar la negociación del convenio "a sabiendas de cuál es la realidad". El anterior pacto tiene compromiso de ultraactividad, por lo que la ausencia de un nuevo convenio no lo haría decaer -según los sindicatos- pese a la reforma laboral de 2012, aunque sí supondría una congelación salarial de hecho, lo que rechazan.