Antonio Sempere, magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, está convencido de que se ha demonizado en exceso a la reforma laboral y, aunque reconoce que contiene recortes de derechos, también asegura que incluye medidas positivas. Este catedrático del Derecho del Trabajo, profesor en la Universidad de Oviedo entre 1986 y 1987 y participó ayer en la capital asturiana en unas jornadas organizadas por la patronal FADE sobre la negociación colectiva.
-Defiende que de la reforma laboral solo se resaltan los aspectos más negativos.
-Incluye muchos elementos para mejorar la calidad del empleo, la vida de los trabajadores y la viabilidad de las empresas, pero solo se habla de los aspectos más conflictivos. Eso es un defecto en su aplicación.
-¿Por ejemplo?
-Recoge aspectos relacionados con la formación y la promoción profesional de los trabajadores para que una persona esté constantemente reciclada y en condiciones de mejorar. No sirve de nada hablar de cambio de modelo productivo si no tenemos a las personas adecuadas. Hablamos de copiar a los daneses o a los austriacos, pero en Dinamarca o en Suecia no les preocupa la indemnización por despido, lo que les preocupa es tener otro trabajo. Allí antes de despedir les dan seis meses a las personas, con ayudas públicas, para buscar un empleo y luego la indemnización es ridícula.
-Pero en esos países hay más posibilidades de encontrar trabajo que en España
-Claro. El caso es que para mejorar la situación no hay que mirar tanto las leyes laborales, porque aunque tuviéramos normas que prohibieran el despido, si no hay empresas que den empleo decente, no servirán de nada. El sector del automóvil es un modelo de cómo con las mismas leyes se ha podido afrontar la crisis. Ahora es un mercado de éxito. Se genera empleo, hay unas condiciones laborales razonables y las empresas son competitivas.
-Lo que denuncian los sindicatos es que la reforma laboral ha recortado derechos a los trabajadores.
-Eso es verdad. Se recortaron derechos pensando que era el modo de salvar empleos. La reforma se piensa para capear la crisis las empresas tienen que ser capaces de prescindir con facilidad del exceso de plantilla. Hay quien cree que se la ha ido la mano al legislador y quien cree que se ha quedado corto.
-Algunos empresarios piden que se le de una vuelta de tuerca y abaratar más el despido.
-Algunos sectores. En España, las cúpulas sindicales y empresariales tienen una cultura de diálogo y son capaces de llegar a acuerdos casi siempre. Ahora casi nadie se acuerda, pero un mes y medio antes de la reforma laboral habían firmado un gran pacto de contención salarial. En el sistema de relaciones asturiano, por ejemplo, tenemos un laboratorio.
-¿Y eso?
-Es una comunidad de tamaño reducido, y desde fuera se la observa con atención por la madurez de los interlocutores sociales. Hay temas aquí en materia de concertación, de solución de conflictos, de flexibilidad laboral, de potenciación de buenas prácticas que a veces se ven fuera como un ejemplo a seguir.
-En ocasiones se critica que los jueces tienden a ponerse del lado de los trabajadores.
-Lo que hacen los tribunales, especialmente el Constitucional y el Supremo, es buscar el sentido legítimo y razonable de las leyes. Contextualizan la norma junto a las demás y están obligados a actuar con imparcialidad. Es inevitable que desde fuera se perciba que hay cierta inclinación, pero esto es como con los árbitros de fútbol.
-¿Hay empresas que han abusado de medidas como las regulaciones de empleo?
-Durante una primera etapa, la reforma laboral se percibió como que la empresa tenía manos libres para tomar discrecionalmente sus decisiones. Eso fue un error interpretativo importante. Y suponía confundir la libertad con la ausencia de controles. La decisión de la empresa debe tener una causa, seguir un procedimiento, tiene que negociarse, estar sujeta a control judicial y tiene unas consecuencias. Si se hubieran eliminado todos esos obstáculos estaríamos ante una reforma inconstitucional.
-¿La negociación colectiva sigue funcionando?
-Ha seguido teniendo buena salud. Lo que pasa es que no es lo mismo negociar en un contexto de desaparición de empresas que en uno de estabilidad. El legislador ha querido quitar poder a los convenios sectoriales y potenciar los de empresa. Y se ha visto que eso tiene muchos problemas.
-¿Por eso contrasta con medidas como la del descuelgue de convenios?
-Ahí los tribunales han tenido que poner coto a algunos abusos que algunas pymes han llevado a cabo con descuelgues injustificados o, incluso retroactivos. Es una figura que está puesta en la ley para intentar crear empleo, no para bajar salarios.
-¿Toda esto ha facilitado la recuperación?
-Eso nunca lo sabremos. Hay economistas que dicen una cosa y otros lo contrario.
-¿La litigiosidad baja?
-Las estadísticas indican que el número de pleitos por despidos colectivos o por descuelgues indebidos está descendiendo. Sigue habiendo una conflictividad individual grande, pero menos que los dos años anteriores.
