Un asturiano que hereda de su padre la vivienda habitual y un segundo piso con un valor conjunto de 225.000 euros debe pagar de impuesto de sucesiones más de 11.500 euros, mientras que un andaluz que reciba el mismo legado no tendrá que abonar nada con la reforma que acaban de pactar PSOE y Ciudadanos.
Asturias y Andalucía, ambas gobernadas en minoría por los socialistas, compartían hasta ahora un modelo de impuesto de sucesiones casi análogo que hacía que sus habitantes fueran los que más pagaban por heredar en España. Sin embargo, la reforma que acaba de acordar el Gobierno de Susana Díaz con Ciudadanos rebaja el impuesto y beneficia, sobre todo, a las herencias modestas. La modificación andaluza afecta al mínimo exento, que pasa de 175.000 a 250.000 euros (en Asturias es de 150.000) y corrige parcialmente el denominado "error de salto" (que se mantiene en el Principado), de forma que las bases imponibles de entre 250.000 y 350.000 euros tendrán exentos los primeros 200.000 euros.
Expertos en Derecho Fiscal y Tributario elaboraron para LA NUEVA ESPAÑA una simulación del impuesto de sucesiones basada en lo que podría ser un caso real habitual. El supuesto consiste en la transmisión mortis causa de un padre a un hijo mayor de 21 años de un inmueble que constituye la vivienda habitual del fallecido con una valor real de 125.000 euros y otro inmueble cuyo valor real es de 100.000 euros, no teniendo ninguna discapacidad el heredero y siendo su patrimonio preexistente inferior a 402.678,11 euros.
Considerando una valoración de 6.750 euros para el ajuar doméstico, la masa hereditaria y la correspondiente base imponible sería de 231.750 euros. Con las reducciones por relación de parentesco (padre-hijo) y de vivienda habitual (del 97%) la base liquidable pasaría a ser de 94.543,13 euros. Hasta 80.000 euros le corresponde una cuota de 40.120 euros y para el resto el tipo aplicable es del 16,15%, lo que da como resultado 2.348,72 euros. La suma es la cuota tributaria que tendría que afrontar el heredero asturiano conforme a la normativa actual: 11.528,72 euros.
Con el mismo ejemplo, en Andalucía el heredero no tendría que pagar el impuesto de sucesiones porque la base imponible de 231.750 euros está por debajo del mínimo exento de 250.000 euros. Y un asturiano tampoco tendría que pagar nada si se hubiera aprobado la corrección del "error de salto" que el Gobierno del PSOE había incluido en su proyecto de presupuestos del Principado para 2016, que quedó bloqueado en la Junta General.
Con esa reforma abortada, y siguiendo el mismo ejemplo, la reducción por parentesco sería de 150.000 euros (la que se aplicaría a todos los contribuyentes para evitar el "error de salto") que se sumaría a la de 121.250 euros por vivienda habitual. La base liquidable pasaría a ser de -39.500 euros, con lo que la cuota a pagar sería cero.
El Gobierno regional no ha recuperado la solución para el "error de salto" al elaborar la primera ley que desarrolla la prórroga presupuestaria y el criterio que la Consejería de Hacienda defiende es que ese y otros posibles cambios tributarios formarán parte de una negociación general sobre la fiscalidad autonómica entre las formaciones de izquierda (PSOE, Podemos e IU) que, de momento, no se ha iniciado.
La plataforma contra el impuesto de sucesiones en Asturias, que ya ha recopilado más de 58.000 firmas de apoyo para suprimir el tributo, lamentó ayer que el Principado no haya dado al menos el paso de Andalucía. "Los ahorros de los españoles, a diferencia de otros europeos, están en la vivienda habitual, y la vivienda es lo que dejan principalmente a sus herederos. Un mínimo exento de 250.000 euros como el de Andalucía es el punto de partida porque eso es lo que valen muchos pisos", señaló el abogado Álvaro López-Castro, portavoz de la plataforma.
Este colectivo ya se ha reunido con representantes de PP, Foro y Ciudadanos en el Parlamento regional y afirma que los de IU, Podemos y PSOE no han respondido a sus peticiones de encuentro. "Nos duele especialmente la postura del PSOE, el partido que gobierna en Asturias y que no quiere atender ni hablar sobre una reclamación que ya está respaldada por casi 60.000 asturianos", señaló López-Castro.
