06 de octubre de 2016
06.10.2016
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"Cada uno gasta su remuneración como quiere", dice Ponga de su tarjeta de Bankia

Norniella se declara "denigrado" y "tratado como delincuente", y difiere de otros procesados en los límites de pago

06.10.2016 | 03:53

Estanislao Rodríguez-Ponga y José Manuel Fernández Norniella, los dos ex secretarios de Estado asturianos en los Gobiernos de Aznar que están procesados, junto a otros 63 exconsejeros y exdirectivos de Caja Madrid y Bankia en el caso de las tarjetas opacas al fisco, defendieron ayer ante la Audiencia Nacional la legalidad de los gastos privados realizados con esos medios de pago.

Rodríguez-Ponga (ex secretario de Estado de Hacienda), para quien la fiscalía reclama cuatro años de prisión y una multa de 81.000 euros por haber realizado pagos por 255.400 euros, sostuvo, como el exministro y expresidente de Bankia Rodrigo Rato y otros procesados, que la tarjeta era "un instrumento de movilización de una remuneración" y que como tal "remuneración" se la podía "gastar en lo que creyese conveniente".

Ponga, ex secretario de Estado de Hacienda y ex asesor fiscal de Caja Madrid antes de que se convirtiera en consejero y en titular de una de las tarjetas de la controversia, sostuvo que las tarjetas y la cuenta de Bankia en la que se hacían los cargos eran conocidos por la inspección de Hacienda.

Rodríguez-Ponga admitió haber hecho compras y pagos en hoteles y restaurantes con la tarjeta pero no admitió ni desmintió las fechas, cuantías y operaciones que figuran en el listado que la actual Bankia facilitó a su accionista (el fondo estatal FROB) y éste a la fiscalía. Ayer el fiscal puso especial empeño en algunos pagos, realizados en el restaurante La Pondala, de Gijón; el hotel Los Caspios, de Colunga y en varios establecimientos del grupo El Corte Inglés, al que está vinculado actualmente el expolítico del PP, pero éste, aunque admitió haber estado en algunos de los establecimientos citados, mantuvo la negativa a reconocer la validez del listado de cargos que figuran en un documento Excel, la principal prueba contra los procesados.

El fiscal trató de combatir la tesis de que el dinero dispuesto fuese parte de la remuneración oficial porque los límites bajaron en algunos ejercicios respecto al año precedente. "¿Le habían bajado a usted la retribución y luego se le volvieron a subir?", preguntó.

Ponga mantuvo que a final de cada año pedía el remanente para gastarlo, dado que, en caso contrario, lo perdía al vencer el ejercicio aunque el dinero era suyo. Y, preguntado por el fiscal si declaraba a Hacienda ese dinero y si se le hacían las retenciones por esa parte de la retribución, el ex secretario de Estado sostuvo que Bankia le aportaba cada año un certificado de remuneraciones para declarar el Impuesto sobre la Renta, pero que en él no se detallaban los conceptos. Ponga dijo no tener tampoco extractos de los pagos realizados ("Yo era el beneficiario de la tarjeta, y los extractos iban al titular", que era la entidad financiera) y el fiscal se mostró sorprendido de que, tratándose supuestamente de dinero suyo, no se preocupara de posibles cargos erróneos que se hiciesen contra su tarjeta.

José Manuel Fernández Norniella, ex secretario de Estado de Comercio y expresidente del Consejo Superior de Cámaras, persona de la máxima confianza de Rato desde hace decenios, se mostró muy afectado y la voz se le quebró dos veces. Aunque admitió haber tenido "dudas al principio", expresó su "sorpresa" de que se haya desencadenado el escándalo por unas tarjetas que existieron durante décadas y que eran, dijo, una forma de disponer de su "remuneración". En 2014, "dos años después" de causar baja en Bankia tras la dimisión de Rodrigo Rato como presidente en mayo de 2012, "aparezco como un delincuente", "humillado en el juzgado, denigrado y en medio de un maremágnum", señaló. A diferencia de otros procesados, Norniella sostuvo que a él nadie le dijo que la tarjeta tuviese límites de disponibilidad de dinero. "No me pusieron límite porque lo que gastaba, lo gastaba de mi salario", afirmó. Norniella gastó 185.666 euros, que devolvió junto con una indemnización que recibió por más de 200.000 euros. Se le piden tres años de prisión y una multa de 73.000 euros.

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