Madrid / Oviedo
El Pleno del Congreso aprobó ayer, sin el apoyo del PP, IU-ERC-ICV y UPyD, la reforma de la ley de extranjería, que permite a las comunidades autónomas y ONG asumir la tutela de los menores extranjeros no acompañados y amplía el plazo de internamiento de los cuarenta días actuales a sesenta.
La ley fue aprobada con los votos del Partido Nacionalista Vasco, Coalición Canaria, Convergencia i Unió y el PSOE. Amnistía Internacional denunció tras la aprobación que la nueva norma no garantiza los derechos humanos.
Durante el debate parlamentario del proyecto, que ahora pasará al Senado, el PP anunció que reformará la ley en cuanto tenga la ocasión de hacerlo. Durante su intervención, el portavoz de Inmigración del PP, Rafael Hernando, aseguró que la reforma no servirá para frenar las «avalanchas» de inmigrantes en situación irregular.
A su juicio, la ley es una mera reforma cosmética, que ha desaprovechado la ocasión de cambiar el actual modelo migratorio, responsable de que España se haya convertido en el «coladero» de ilegales de la UE y en territorio propicio para las mafias. Tras lamentar que el texto no prohíba las regularizaciones masivas, una de las principales reclamaciones de su partido, acusó al Gobierno de no promocionar la integración del inmigrante, una persona a la que se reconocen derechos pero «no obligaciones».
