Los inmigrantes sin papeles deberán pagar por la sanidad pública cuotas mensuales de 59,20 hasta 155,40 euros, ésta para los mayores de 65 años, según los convenios que el Gobierno aprobará para acabar con el «turismo sanitario» y ahorrar así cerca de 1.000 millones al año. Para ello acordará con las comunidades esas cuotas por parte de los extranjeros que se encuentren en España y no sean ni asegurados ni beneficiarios del Sistema de Salud.
La medida está diseñada para europeos que quieran ser atendidos por el sistema sanitario y los extranjeros que durante su estancia en nuestro país quieran esa cobertura total por el sistema público, lo que afectará de lleno a los inmigrantes irregulares, que el 1 de noviembre quedarán sin cobertura sanitaria. También incluye a los españoles «rentistas» con ingresos superiores a los 100.000 euros que nunca han trabajado.
En concreto, Sanidad planea exigir 710 euros al año a los «sin papeles» y más de 1.000 a los mayores de 65 años por ser atendidos en el Sistema de Salud, a través de pólizas como las de los seguros sanitarios privados. Fuentes del Ministerio explicaron que las cuotas previstas para estos convenios se deberán suscribir con cada autonomía.
El Gobierno advierte a los «sin papeles» de que deben regularizar su situación y les garantiza la asistencia básica: urgencias por enfermedad o accidente, atención por embarazo y asistencia a menores de 18 años.
Las asociaciones de inmigrantes consideraron «muy preocupante» e «indignante» que el Gobierno pretenda ahora imponer una póliza sanitaria a los «sin papeles». Algunas expresaron su rechazado frontal, como la Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados en España (Ferine), que ha destacado que se trata de «poner precio a la salud y a la vida».
El PP advirtió, en cambio, de que España debe dejar de ser «el paraíso» de la inmigración ilegal, e instó a los «sin papeles» a «volver a sus lugares de origen». «Lo que tienen que hacer es entrar legalmente. Nuestro país no puede seguir soportando ser el escenario principal de la inmigración ilegal», afirmó, para, a continuación, defender que la legislación española se homologue a la de otros países de la UE, tras recordar como ejemplo que en Alemania cualquier inmigrante tiene que pagar un seguro médico.
La socialista Soraya Rodríguez aseguró que su partido está «absolutamente en contra» de que se cobre una cuota mensual a los inmigrantes irregulares para ser atendidos en la sanidad pública, una práctica que tachó de «barbaridad». Llamazares, de IU, acusó al Ejecutivo de «criminalizar» a los «sin papeles» y de tratar de hacerlos responsables de un «inexistente» despilfarro. El País Vasco anunció que mantendrá la asistencia a todos los colectivos, y señaló que la nueva norma conduciría a una «completa centralización del reconocimiento de la condición de asegurado»
La Organización Médica Colegial defendió que todos los inmigrantes sean atendidos tanto por motivos de prevención de enfermedades como económicos, porque el sistema sanitario publico abarca a todos los residentes en España.
