El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha enviado a prisión al exdirigente etarra Santiago Arrospide Sarasola, Santi Potros, por su implicación en dos atentados de 1986 y 1987 y al apreciar riesgo de fuga, ya que ETA, asegura, tiene medios para "procurar la huida y ocultación de sus miembros".
Andreu ha tomado la decisión tras informar a Santi Potros, que se ha negado a declarar, de las dos causas que tiene pendientes y por las que fue detenido ayer en Lasarte (Gipuzkoa), 45 días después de ser excarcelado en virtud de la normativa europea que redujo su pena por el tiempo de condena que ya había cumplido en Francia.
Las causas pendientes de Arrospide son el intento de asesinato del que fuera fiscal general del Estado Luis Antonio Burón Barba en 1986 en Madrid y la muerte de Juan Fructuoso Gómez un año después por la explosión de un coche bomba en Barcelona.
En los autos en los dicta su ingreso en la cárcel, el juez considera que hay un elevado riesgo de fuga dada la "gravedad de la pena que podría llegar a imponérsele" en un inminente juicio, lo cual sería "justificación bastante para considerar como absolutamente necesaria la medida de prisión".
Andreu destaca además que "ETA cuenta aún con activos personales y medios suficientes para procurar la huida y ocultación de sus miembros, tal y como se ha constatado en anteriores ocasiones".
Los jueces de la Sección Primera de la Sala de lo Penal que excarcelaron el pasado 4 de diciembre a los etarras Santiago Arrospide Sarasola, 'Santi Potros' y Alberto Plazaola han pedido amparo al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en un escrito en el que acusan a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría; al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y al portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, de pretender "perturbar" su "independencia".
En su escrito dirigido al órgano de gobierno de los jueces, al que ha tenido acceso Europa Press, los magistrados Manuela Fernández Prado, Javier Martínez Lázaro y Ramón Sáez recuerdan que "un límite a la libertad de expresión es la imputación gratuita de actos delictivos".
En este contexto, apuntan que "sugerir que un tribunal dicta resoluciones injustas deliberadamente para imponer su propia voluntad al margen de la ley es atribuir la comisión de un delito de prevaricación".
"Cuando la imputación se realiza desde el Gobierno o por un portavoz autorizado en el Parlamento se puede estar cuestionando la propia de separación de poderes que se establece en garantía de la independencia judicial", señalan los firmantes antes de añadir que este principio se adoptó para que jueces y tribunales no fueran "inquietados ni perturbados por las indicaciones y presiones de los otros poderes del Estado".
Además de las "manifestaciones críticas" de los dirigentes políticos, los integrantes de la Sección Primera critican "el eco mediático de opiniones en prensa, televisión y radio" que les señalaron como "jueces injustos y prevaricadores" junto a la imagen de sus personas.
