El Tribunal de Cuentas estudia una petición de la Fiscalía para investigar al expresidente catalán Artur Mas y a algunos de sus consejeros, y todo apunta a que aceptará el expediente y nombrará en breve un instructor para dilucidar responsabilidades contables por la pseudoconsulta del 9-N, lo que podría acabar en una reclamación del dinero público que se gastó: 5,12 millones. La petición de la Fiscalía es fruto de una denuncia presentada por Societat Civil Catalana (SCC) y la Asociación de Abogados Catalanes contra Mas y los exconsejeros catalanes Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau.
