J. L. ARGÜELLES
Una de las tres secretarias adscritas al grupo municipal del Partido Popular (PP), Gabriela Pérez-Sanjulián Loché, ha presentado demanda de conciliación contra su empresa -la citada organización política- al considerar que una decisión que afecta a su horario laboral puede ser una arbitrariedad y le perjudica al impedirle conciliar su vida familiar y laboral.
La denunciante, que trabaja en el local asignado al PP en el Ayuntamiento, recibió orden el pasado julio, antes de coger sus vacaciones, de empezar a trabajar por las tardes. Las fuentes «populares» consultadas ayer subrayaron que la citada administrativa ha prestado sus servicios, desde 1991, siempre en turno de mañana y con seis dirigentes distintos: Francisco Rimada, Mercedes Fernández («Cherines»), Isidro Martínez Oblanca, Juan Campos Ansó, Alicia Fernández Mayor y la actual portavoz y presidenta, la senadora Pilar Fernández Pardo.
Las fuentes citadas explicaron que Gabriela Pérez-Sanjulián, ahora de baja laboral, recibió la orden del cambio de turno del concejal Eduardo Junquera, la persona que siguió a Pardo en la lista que presentó el PP en las pasadas elecciones municipales. La demanda se presenta al considerar la trabajadora que en ningún momento le plantearon otras posibilidades, como la de repartir los turnos con las otras dos secretarias contratas por el Grupo municipal Popular por acuerdo de la Corporación. En esa argumentación legal también se destaca que la denunciante tiene dos hijos de 12 y 9 años, a los que no podría atender como hasta ahora con el cambio de turno. En anteriores mandatos, las administrativas nunca trabajaron por la tarde.
Gabriela Pérez-Sanjulián es la esposa de José Manuel García Losa, uno de los concejales que dimitió en febrero de 2003, junto a la entonces portavoz municipal, Alicia Fernández Armayor, y el edil José Luis Díaz Oliveira, por fuertes discrepancias internas tras la dimisión de Oblanca y la designación de Pardo.
No es la única administrativa del PP que en los últimos años ha presentado denuncia. María José Barbillo, que trabajaba en la sede de los populares, en la plaza del Instituto, llevó a los tribunales a su empresa tras relacionar su despido con un ajuste de cuentas político por su apoyo al sector crítico con la gestión de Pardo. Los jueces le dieron la razón en su demanda por despido improcedente. Aquella decisión laboral provocó una dura crítica del entonces ministro y ex secretario general del PP, Francisco Álvarez-Cascos, contra Pardo.
