Una historia judicial
Tres años de lucha contra un supuesto error judicial
 

Un reo inocente, en prisión

El Tribunal Constitucional y el Supremo niegan la libertad a un preso al que la víctima no reconoce como delincuente

29.05.2008 | 00:00
Un reo inocente, en prisión Un reo inocente, en prisión

R. GARCÍA

Lleva tres años en prisión y le quedan otros cuatro por cumplir. A pesar de estar en la cárcel, la mujer que lo acusó dice que se equivocó y que es inocente. El Tribunal Constitucional, la más alta institución a la que ha llegado el caso, no le ha dado la razón, pero ni él ni su familia se rinden. «Él no cometió el delito y tiene que salir de la cárcel», afirma su hermana Montse Ortiz. Aún les queda una última esperanza, que la fiscalía del Tribunal Constitucional intervenga y subsane este «error judicial».


Para Jorge Ortiz los errores comenzaron hace cuatro años. En 2004 se le acusó de cuatro robos a punta de navaja. Su abogado, Guillermo Calvo, asegura que «en un primer momento se le atribuyeron más robos, sucesos en los que las víctimas daban descripciones muy dispares del delincuente, por lo que no es posible que los cometiera una misma persona». En los primeros reconocimientos, realizados en la Comisaría de Policía por medio de fotografías, dos de las denunciantes reconocieron a Jorge Ortiz como el autor de los delitos. Posteriormente se dio paso a la rueda de reconocimiento. Con los acusados delante, las dos víctimas volvieron a ratificarse: era Jorge el culpable de los atracos. Hasta ahí se siguió en la instrucción del caso, que le condenó a siete años de cárcel.


Días después, vinieron los supuestos errores judiciales, según su abogado. En una segunda rueda, una de las mujeres que le acusaban aseguró que «dudaba» de que fuera él y otra manifestó haberse confundido en su acusación. Por ello, se la juzgó por un delito de falso testimonio, del que fue luego absuelta. Guillermo Calvo lo explica: «En la segunda rueda de reconocimiento, una de las que le acusaban no reconoció a Jorge como el culpable de los hechos, pero esa prueba no se pudo incluir en las que se presentaron en el juicio por lo que el juez no lo pudo tener en cuenta». «El magistrado no tenía delante el segundo reconocimiento porque no se adjuntó en el Juzgado de instrucción, que fue el que cometió el fallo», defiende su letrado.


Jorge Ortiz entró en prisión, pero su historia siguió coleando. La Audiencia Provincial desestimó su recurso, como también lo hicieron el resto de los tribunales a los que su letrado acudió en busca de ayuda: «Cuando tuvimos el segundo reconocimiento, fuimos al Supremo y pedimos un recurso para revisar la condena». El alto tribunal no consideró que se pudiera realizar esa revisión argumentando para su condena la falta de nuevas pruebas: «El segundo reconocimiento tuvo lugar antes de la condena, por lo que no es una prueba posterior». Tampoco les sirvió el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional: «Elevamos una petición asegurando que se habían vulnerado los derechos fundamentales de Jorge, pero, de nuevo, no nos hicieron caso», sostiene el abogado. «No le dejaron aportar medios para defenderse ni utilizaron correctamente la presunción de inocencia, que es un derecho fundamental». Ahora están pendientes de la fiscalía del Tribunal Constitucional. Su hermana Montse no tira la toalla: «Hemos tenido muchos sentimientos enfrentados, sobre todo, rabia e impotencia por la injusticia que se está cometiendo».

El acusado


Jorge Ortiz está acusado del robo de cuatro tiendas de Gijón. En 2004, cuando comenzó el proceso judicial, se le condenó a siete años de prisión.


Prisión


Ya ha cumplido tres años y le quedan otros cuatro en Villabona.


Audiencia Provincial


La Audiencia Provincial no quiso admitir su recurso.


Tribunal Supremo


El Supremo no admite la revocación de la condena ya que la prueba que se expone (segunda rueda de reconocimiento) es posterior a la condena.


Tribunal Constitucional


Su abogado, Guillermo Calvo, asegura que se le han vulnerado los derechos fundamentales de defensa y presunción de inocencia. El Tribunal Constitucional acaba de fallar en contra de esta premisa.

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