M. C.

Ocurrió un martes y 13, en junio de 1995, al mediodía. Durante una hora los gijoneses que pasaron por las inmediaciones de la calle Decano Prendes Pando pudieron ver el viejo Palacio de Justicia sitiado por decenas de agentes de Policía, pistola en mano. Trataban de detener a dos de los presos más peligrosos de España, que habían aprovechado una comparecencia judicial para intentar fugarse de los calabozos. Dentro permanecían atrincherados los dos presos, Santiago Cobos y Juan Redondo, armados con una pistola que habían arrebatado en un descuido a uno de los policías que custodiaban los calabozos. Junto a ellos, en el suelo, el cuerpo sin vida de otro agente, Juan Andrés Arroyo Asensio, al que habían pegado un tiro en la cara cuando les hizo frente para evitar la fuga. Arroyo, vecino de La Calzada, era uno de los agentes de la Comisaría gijonesa, que por entonces dirigía Baldomero Araújo, hoy jefe superior de Policía de Asturias.

Juan Andrés Arroyo no fue el único tiroteado en aquella mañana de mala suerte. Otros dos agentes resultaron heridos, uno por arma de fuego, al igual que los dos delincuentes, que se acabaron entregando tras una complicada negociación, durante la que habían mantenido como rehenes a otros cinco presos que también estaban en los calabozos.

Cobos y Redondo acumulaban un amplio historial delictivo y varios intentos de fugas y motines carcelarios anteriores. Estaban entonces entre los 87 presos incluidos en el Fichero de Internos de Especial Seguimiento (FIES), por su especial peligrosidad.

Durante un año habían planificado su intento de fuga de los Juzgados gijoneses. ¿Cómo? Forzaron su traslado a los mismos enviando una carta al juez de guardia amenazándolo de muerte. Ese fatídico día habían sido trasladados al Juzgado para responder de un delito de desacato por aquel escrito. Se sentaron, rodeados de policías y con las manos esposadas a la espalda, ante el titular del Juzgado de lo penal 1 de Gijón, Lino Rubio Mayo. Esperaron. Acabó el juicio y los presos solicitaron ir al Juzgado de guardia a poner una denuncia. Tampoco pudieron actuar entonces. Todo ocurrió cuando regresaron a los calabozos y les quitaron las esposas.

Uno de ellos pidió ir al servicio y cuando uno de los agentes abrió la puerta, se abalanzaron sobre él, le arrebataron la pistola y le golpearon en la cabeza haciéndole perder masa encefálica. En el tiroteo posterior el agente Arroyo recibió el disparo fatídico, y un compañero, otro tiro en una pierna. Los delincuentes también fueron alcanzados y no pudieron huir.

La casualidad quiso que aquella mañana coincidiera su juicio con el de un preso insumiso, lo que motivó que se reforzara doblemente la seguridad en los Juzgados, ante las previsibles protestas de apoyo al preso de conciencia.

Al funeral por el agente asesinado acudió, al día siguiente, el entonces director general de la Policía. Era un mal trago para Ángel Olivares, que señaló respecto a los criminales que «con esta gentuza no valen contemplaciones».

Ahora el Consejo de Ministros las ha tenido con uno de los delincuentes, con Santiago Cobos, al que ha indultado parcialmente en una de sus numerosas condenas: ha rebajado de 6 a 2 años la condena por desacato al juez, dictada en junio de 2005. Los años han pasado y Cobos ya no está en celdas de aislamiento. Su nivel de peligrosidad ha bajado y mora en una celda convencional de la prisión de Nanclares de Oca, en Álava. Ha logrado una dosis de clemencia, algo que ni él ni Redondo tuvieron con Juan Andrés Arroyo el 13 de junio de 1995.

La respuesta policial frustró el intento de fuga de Santiago Cobos y Juan Redondo. A los agentes que en el interior de los calabozos hicieron frente a los delincuentes se sumaron otros compañeros de la Comisaría que bloquearon la salida del Palacio de Justicia, como se ve en la imagen.