Directivos de Dique Torres defienden que en 2005 ya se pidió el modificado

El encarecimiento de la obra se debió "a la dificultad de conseguir materiales", declaran a la juez miembros de la gerencia de la UTE

03.03.2016 | 04:01
Desde la izquierda, Manuel Amaro y Vicente Moscardó, miembros del comité de gerencia de Dique Torres, con sus abogados, ayer, antes de entrar a declarar en la Audiencia Nacional por el "caso Musel".

Responsables de la gerencia de la Unión Temporal de Empresas (UTE) Dique Torres, encargada de llevar a cabo las obras de ampliación del puerto de El Musel, comenzaron a declarar ayer, como investigados, ante la titular del juzgado de instrucción número tres de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela Díaz, que instruye el caso por los más de doscientos millones de euros de sobrecostes que supusieron las obras portuarias.

Ayer fueron Manuel Amado Martínez (Dragados), Javier Hidalgo González (FCC), Vicente Moscardó Basaras y Eloy Domínguez-Adame (ACS) los cuatro primeros miembros del Comité de Gerencia de la UTE en prestar declaración ante la magistrada, para reconocer todos ellos, según fuentes jurídicas, que prácticamente desde el inicio de las obras, a principios del 2005, plantearon a la Autoridad Portuaria de Gijón, que presidía Fernando Menéndez Rexach, "el modificado del proyecto, sobre todo en el plano económico".

Los declarantes declinaron hacer comentario alguno tras prestar declaración por espacio de cuatro horas ante la juez, pero este periódico ha podido saber que los cuatro directivos coincidieron en señalar que desde el principio de las obras, ya en enero del 2005, plantearon al puerto que había que hacer un modificado del proyecto y del montante económico, "porque existían dificultades a la hora de conseguir los materiales, y que éstos iban a costar más dinero del inicialmente previsto".

Hay que recordar que los dieciséis miembros de la gerencia de Dique Torres declararán como imputados (ayer, hoy, el 8 y el 10 de este mes) después del auto de la juez Carmen Lamela, que estimó el recurso de la Fiscalía contra la providencia dictada el 19 de noviembre por el mismo juzgado que, inicialmente, desestimó la petición del Ministerio Público para que los miembros de la Gerencia de la UTE declarasen como imputados después de que la Fiscalía Anticorrupción recibiera decenas de documentos anónimos de supuestas actas de reuniones de Dique Torres.

A partir de que se conocieran dichos documentos, para el Observatorio Ciudadanu Anticorrupción d'Asturies (OCAN), cercano a Podemos y que en 2014 interpuso la denuncia ante la Audiencia Nacional que ha dado lugar a la instrucción del caso, "se avanza en la hipótesis de que existió un fraude masivo para presuntamente favorecer a empresarios amigos" y que, "no solamente los sobrecostes se ocultaron hasta las elecciones autonómicas y municipales del 2007, sino que se conocían antes incluso de poner la primera piedra de las obras".

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