¿Es posible cancelar el concierto en base a las declaraciones del cantante Francisco dirigidas hacia Mónica Oltra? No. Estas fueron la pregunta y la respuesta que Divertia realizó y recibió del jurista al que se encargó un informe de cara a avalar la suspensión del concierto que el veterano músico tenía previsto ofrecer en el teatro Jovellanos el próximo día 15. Otra cosa, y aquí el informe jurídico da una respuesta positiva a Divertia, es justificar la cancelación a partir de la cesión del contrato que Música, Arte y Sueños -con quien había firmado la empresa municipal gijonesa- hizo a favor del propio Francisco sin el consentimiento previo de Divertia.
La irregularidad de esa cesión contractual y el temor a desórdenes públicos fueron las justificaciones oficiales que dio Divertia para suspender el concierto de Francisco. Sin embargo, el origen de la cancelación son los duros comentarios de tinte machista que el músico realizó en su Facebook personal contra la líder de Compromís y vicepresidenta de la Generalitat Valenciana a cuenta del resultado de las elecciones del 26-J. Mónica Oltra había criticado públicamente el mayoritario voto a favor del PP. Francisco contestó. Y en esa contestación llamó a Oltra "escoria, inculta, malnacida e incómoda de ver", habló del "bajón de la medicación que se fuma y mete" y le recomendó "pollardón y pichicilina. Eso sí, si hay un valiente que no tenga estómago".
Unas declaraciones que, establece el abogado firmante del informe jurídico presentado por Divertia a sus consejeros, "por muy desafortunadas que sean y por muy reprochables que puedan ser en algunos de sus extremos no constituyen de por sí causa de resolución". Dice el jurista que "no cabe identificar la infracción del buen gusto o de urbanidad con la vulneración de las normas positivas, ni cabe elevar un intercambio de expresiones desafortunadas entre dos personas a rango de principio interpretativo de un contrato en vigor".
Hace especial hincapié el jurista en el hecho de que las manifestaciones de Francisco "tuvieran por destinataria a una sola persona y no a un colectivo". Un elemento que pone en relación con el antecedente de la suspensión del concierto del catalán Albert Pla en octubre de 2013. Entonces, entiende el letrado, el mensaje se extendió a todo un colectivo. En una entrevista a LA NUEVA ESPAÑA, Pla aseguró "a mi siempre me ha dado asco ser español, como espero que a todo el mundo. Me gustaría que los catalanes fuéramos independientes y que en Gijón se estudiara el catalán por cojones, igual que nos pasa a nosotros ahora".
Entonces fue un concejal del PP quien pidió la cancelación del concierto del catalán. Ahora ha sido una edil del PSOE la primera en pedir que los comentarios del valenciano no tuvieran la recompensa de un concierto en un equipamiento público de Gijón. En ambos casos los responsables del teatro Jovellanos, entonces, y Divertia, ahora, bajo el gobierno de Foro Asturias optaron por la cancelación del espectáculo.
En el caso de Francisco contra Oltra, el informe jurídico también resalta que las declaraciones del músico son respuesta a una "crítica previa de Mónica Oltra a los votantes del grupo político con el que el cantante simpatiza" y que las manifestaciones no se dirigen "a la meritada dirigente en su condición de cargo público sino a nivel estrictamente personal".
Precisamente representantes del PP -el partido en cuya defensa salió Francisco y que planteó la cancelación del espectáculo de Albert Pla hace tres años- establecían ayer la necesidad de incorporar a los procesos de contratación de este tipo de eventos un código ético que fijase las condiciones objetivas que pudieran dar lugar a este tipo de cancelaciones. "No podemos actuar utilizando el criterio de la indignación personal o política de cada momento, eso es algo demasiado subjetivo", sentencia el concejal Pablo González.
Más allá del caso concreto de Francisco, cuyas declaraciones tildó González de "impresentables", el PP pide que se pongan negro sobre blanco las condiciones de una rescisión de contrato para que todo el mundo tenga claro de antemano cuales son las reglas del juego. "Tenemos que saber todos a qué criterios objetivos agarrarnos", explicó el concejal. Y es que sin un código ético, el PP considera que quedan demasiadas preguntas sin responder. "Después de estas declaraciones, ¿Francisco no puede actuar ahora, o en un año, o en dos...? ¿Todo depende del grado de indignación que se provoque y de su mayor o menor repercusión mediática? ¿Se hace cuando la descalificación se dirige a un representante político o también, por ejemplo, a uno religiosa?, se preguntaba el edil que extendió la necesidad a los contratos de Divertia y de la Fundación Municipal de Cultura.
