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IX Congreso Mundial de Bioética | ANA MARÍA FERRER | Magistrada del Tribunal Supremo

"No logramos frenar la muerte de mujeres, fallamos al hacer el diagnóstico del riesgo"

"Que no se condene no quiere decir que no creamos a quienes denuncian, pero hay unas reglas de valoración de la prueba"

Ana María Ferrer. MARCOS LEÓN

La ley sí se aplica, aunque se falla en la forma de valorar el riesgo para las mujeres víctimas de la violencia de género. La magistrada del Tribunal Supremo Ana María Ferrer defendió ayer el papel de la Justicia a la hora de aplicar las leyes, si bien reconoció la importancia de contar con más medios.

-¿Cuáles son las luces y las sombras en la administración judicial en los casos de violencia contra las mujeres?

-La principal sombra es que el fenómeno sigue avanzando y no conseguimos frenar la muerte de mujeres a manos de sus parejas o exparejas. Tenemos una sombra que no es sólo responsabilidad de la administración de justicia, sino también de todos los implicados porque el fenómeno es poliédrico y hay que observarlo desde muchas perspectivas. Desde la función de los jueces y el marco que la propicia creo que tenemos un sistema legislativo muy avanzado en materia de represión de la violencia de género. Sobre el papel tenemos cubiertos casi todos los flancos, desde el punto de vista del delito, de las medidas, el cauce para actuar, y esa es la otra cara del asunto.

-Habla del papel. ¿Qué pasa en la práctica?

-Fallamos al hacer el diagnóstico del riesgo, o a lo mejor es que no es posible hacerlo con la exactitud que requiere la adopción en cada caso de las medidas necesarias. Es necesario que todos los implicados apostemos por que se aporten a los procesos todos los elementos que contribuyan a calibrarlo adecuadamente. Hay muchos aspectos en los que el papel también sustenta auténticos éxitos. Hay muchísimas causas que concluyen con sentencia, unas condenatorias y otras absolutorias. El índice de condena no es garantía de éxito, porque en ese porcentaje hay gente que es inocente y se merece la absolución, pero sí representa que el esfuerzo del Estado en tratar de acreditar que esos supuestos se dan y propiciar que se condenen se ha cumplido.

-Hay quien denuncia que la ley no se aplica...

-La ley penal sí se aplica. Puede ser que una ley como la integral de violencia de género, que tiene un campo de actuación tan amplio, con tantas aplicaciones, necesita muchas veces de importantes inversiones, y puede que en algunos supuestos no haya llegado a desarrollarse plenamente o con el nivel de suficiencia necesario. Pero eso no significa que la ley no se aplique.

-¿Hacen falta más medios?

-En la administración de justicia siempre es bienvenida la incorporación de medios. Cuando se trata de individualizar medidas efectivamente exige una dotación económica que a veces imposibilita que se saquen adelante. Las medidas de protección exigen una inversión que merece la pena, porque el riesgo que neutralizan es importantísimo. Estamos saliendo de un periodo de recesión, pero es importante involucrar a todos los poderes públicos en la idea de que es necesario que el caudal público no se corte en esos aspectos tan importantes.

-Hay mujeres que lamentan que denuncian sufrir violencia machista y no se las cree.

-En el proceso penal tenemos unas reglas de valoración de la prueba a las que nos atenemos, y en un porcentaje altísimo se cree a las mujeres. Que haya veces que no se condena no quiere decir que no se crea a las mujeres que denuncian. Nosotros nos movemos dentro de unas pautas de actuación como la duda razonable o la presunción de inocencia, y hay otra parte en el proceso, otros intereses en conflicto que hay que ponderar. No una sentencia absolutoria supone que no se crea a la mujer. Nuestro ordenamiento tiene otra peculiaridad, que sí es de los temas más debatidos: la posibilidad que tiene la mujer de no declarar contra su agresor pariente. Es una dispensa legal que existe y que ha recibido muchas críticas.

-¿Cómo la valora usted?

-Es una medida que estaba pensada y orientada a la intervención del pariente testigo en un delito del que no es víctima y lo que trata es de proteger las relaciones familiares, que también son objeto de protección por la Constitución. Es un valor que se puede contraponer a un delito que no te afecta. Pero la derogación también tiene su parte negativa, porque si a la mujer se la obliga en todo caso a declarar podría incurrir en delito de falso testimonio. No todo es tan lineal como parece.

-¿Qué papel ha de jugar la educación?

-Tenemos que tener en cuenta que la violencia de género es un fenómeno cíclico, en el que la víctima no consigue salir de él porque se encuentra en una relación de dominación. Tras la agresión viene la fase de "amor" y la víctima se pliega porque en el fondo tiene un sentimiento de dependencia con respecto al agresor. Y esas son las patologías que tenemos que erradicar y la educación es fundamental para acabar con los prototipos machistas. Tenemos que poner el ojo en los jóvenes, es una realidad sobre la que tenemos que estar muy alerta para neutralizar los daños.

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