"Problema, ninguno. No hay motivo de preocupación. El Ayuntamiento está saneado. Es cierto que se incumple la regla de gasto y como gobierno asumimos la responsabilidad pero también pedimos a la oposición que sea responsable aprobando el Plan Económico Financiero (PEF) porque este incumplimiento es el resultado de la ejecución de un presupuesto que aprobó el Pleno". Ana Braña, edil de Hacienda del gobierno forista, lanzaba ayer este mensaje público de tranquilidad tras presentar a los grupos municipales de la oposición en la comisión de Hacienda el informe de estabilidad presupuestaria elaborado por la Intervención Municipal tras la liquidación de las cuentas de 2017.

Un informe que sólo es el primer paso de un largo camino. Antes de plantear nuevos ajustes económicos al actual presupuesto prorrogado es necesario elaborar un informe con la estimación del cumplimiento de los principios de estabilidad al cierre de 2018 -la ausencia de este documento es la razón de posponer el Pleno económico previsto para la semana que viene- y también está en proceso de elaboración el Plan Económico Financiero. Braña dejó claro que van a agotar los plazos "porque merece la pena hacerlo bien". Eso supone que el gobierno tiene un mes para presentar ese Plan y dos meses para conseguir su aprobación en el Pleno. Si no lo logra entraría en juego el Principado de Asturias como entidad tutelante del Ayuntamiento.

Los informes que el gobierno tiene ahora mismo sobre la mesa le permiten vislumbrar el dinero que tiene disponible para acometer nuevas iniciativas. No es mucho y no está claro aún que todo se pueda gastar. El análisis del remanente líquido de tesorería plantea que a nuevas inversiones financieramente sostenibles podrían ir 4.512.929 euros y a gastos de libre disposición 4.225.090 euros. Unos 8,7 millones pero el gobierno de Foro que encabeza Carmen Moriyón no está en disposición todavía de mover ese dinero. Intervención debe fijar cuanto de ese dinero se puede gastar, y en que conceptos, para no incumplir de nuevo en 2018 alguno de los parámetros de la ley de estabilidad presupuestaria. Ahora el problema no se ve tanto en la regla de gasto como en la capacidad de financiación.

La liquidación del presupuesto de 2017 dejó 22,7 millones de remanente líquido de tesorería. ¿Cómo se reparte ese dinero? Hay que restar unos dos millones de euros de inversiones financieramente sostenibles ya adjudicadas en 2017 y casi 7 millones de remanente líquido del anterior ejercicio ya afectado. El primer apartado tiene que ver con las obras de Río de Oro y Ramón Areces, las obras en colegios, los campos de fútbol de La Camocha y Roces y los arreglos en el edificio de Bomberos y al segundo se vinculan anualidades del plan de fachadas, el equipamiento de la Escuela de Comercio y los polémicos proyectos de la Serena y Puerto de Leitariegos. Por otro lado, y por mandato legal, hay cerca de un millón de euros que debe ir a amortizar deuda porque las obras a las que estaba destinado -el puente sobre el Piles y los estanques de Isabel La Católica- no se hicieron, otro millón de euros comprometido con programas de empleo y 475.592 euros que al ser ingresos por expropiación deben revertir en patrimonio público de suelo y se destinarán a la pasarela de Lloreda.

De los casi 7 millones del superávit que no computa en regla de gasto la previsión es dedicar 2,5 millones a pagar facturas que llegaron después del cierre contable de 2017 y los otros 4,5 millones a inversiones financieramente sostenibles. Esta es la cifra tope pero la cuantía real a dedicar sin comprometer el cumplimiento de la ley de estabilidad se verá cuando Intervención complete la documentación. La previsión inicial de Foro, cuando pensaba hacer un Pleno el próximo miércoles, era cubrir con esa partida los 2,5 millones pendientes en equipamientos deportivos e ir sumando. Tras las restas quedan libres 4.225.090 euros para cualquier partida pero como sí cuantifican para la regla de gasto su destino está condicionado por lo que diga el Plan Económico.

La maniobrabilidad que el cumplimiento de la ley deje al gobierno de Foro tendrá su incidencia en su capacidad para cumplir con los acuerdos que asume con los grupos políticos de la oposición para sacar adelante el día a día de la vida municipal. Y muy especialmente con Xixón Sí Puede que dio su apoyo -excepto la edil Verónica Rodríguez- a las modificaciones presupuestarias por valor de 14,7 millones aprobadas en el Pleno del pasado día 11 - básicamente las mismas que habían rechazado en febrero- a cambio de que Foro se comprometiera, entre otros asuntos, a definir partidas para la rehabilitación de fachadas en Monteana y Contrueces, dotar el plan de usos del Monte Deva, aumentar la dotación de la renta social, mejorar las subvenciones a clubes deportivos, mejorar la pista de patinaje de Moreda o poner en marcha el programa de parcelas rústicas.

El informe de estabilidad recién presentado confirma el anunciado incumplimiento de la regla de gasto pero evidencia que el Ayuntamiento de Gijón no tuvo problemas en cumplir con el resto de los parámetros que impone la Ley orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Entre esos buenos datos que puso en valor la edil de Hacienda están que el Ayuntamiento gijonés tiene un periodo medio de pago a proveedores de 27 días sobre el tope legal de 60, que el porcentaje de endeudamiento es del 54% cuando la ley fija un tope del 75% que puede ampliarse hasta un 110% y que hubo 3,8 millones de superávit en términos SEC o de capacidad de financiación.

¿El problema? La regla de gasto, que finalmente se superó por 4.550.412 euros. El foco del problema estuvo en una Fundación Municipal de Servicios Sociales que se pasó del techo en 5, 8 millones tras poner en marcha el pionero programa de la renta social. El Ayuntamiento lo superó en 608.692 euros y la Empresa Municipal de la Vivienda en 27.840 euros. El resto de las empresas y organismos municipales se quedaron por debajo del límite marcado por la ley. Ana Braña le quitaba hierro a ese desfase al vincularlo al gran volumen de euros que conformaron el presupuesto de 2017: 302 millones en el municipal y 360 en el consolidado.