Leirío (Castropol),

T. CASCUDO

La sociedad de cazadores «La Becacina» denuncia el retraso en la adjudicación del coto de Castropol, que gestiona desde hace años. Asegura el presidente del colectivo, Santiago Quintana, que el suyo es uno de los pocos pendientes de adjudicación en la comarca occidental y se lamenta de que las trabas administrativas les hayan hecho «perder la temporada», que finaliza a finales de febrero.

El pasado 31 de agosto el gobierno del Principado hizo público un documento en el que se comprometió a agilizar la adjudicación de los cotos, cuya constitución requiere un plazo de 120 días de trámites. Del total de 59 cotos regionales de caza de Asturias, la Consejería de Agroganadería aseguró que 26 estarían cazando el primer día de caza que fue el pasado 1 de septiembre. Veintiocho más se incorporarían a la caza antes del fin de septiembre y los cinco restantes a lo largo del mes de octubre. A 9 de noviembre, según denuncia «La Becacina», las 10.269 hectáreas del coto de Castropol siguen sin adjudicar.

«Estamos totalmente indignados y nos sentimos discriminados. La temporada ya la damos por perdida y todo por falta de rigor en la administración. La Becacina tiene 160 socios y estamos privados de cazar», denuncia Quintana. El pasado 1 de agosto salió el acotado a información pública y en este tiempo han contado con autorización de caza por daños, permiso que les acaban de retirar.

Los cazadores arremeten contra la administración y aseguran que la razón del retraso se debe a los problemas con el cercado rural, una figura que opera en la zona alta del concejo y que prohibe la caza en unas cuatrocientas hectáreas de terreno privado.

El cercado rural está en vigor desde hace veinte años en los que no han cesado los conflictos con los cazadores. Los propietarios del cercado se quejan de que los cazadores no respetan la veda y entran en su terreno; y los cazadores, de que la figura está obsoleta y que el Principado les ha estado cobrando por cazar en su superficie.

El presidente de «La Becacina» asegura que llevan «veinte años luchando por un cercado que no está debidamente reconocido». Dice Quintana que en su momento se incluyeron dentro terrenos de propietarios que no quieren formar parte y pide que se clarifique la propiedad. «Lo que queremos es que se revise la documentación y que sólo se acoten los terrenos de quienes así lo soliciten», aclara.

El caso es que hace unos meses la asociación de propietarios del cercado con el apoyo de dos asociaciones ecologistas han solicitado al Principado que se constituya en la zona alta del concejo un refugio de caza, que sería el segundo de la comarca eonaviega. Los peticionarios quieren que el refugio ocupe unas 1.015 hectáreas -el terreno que ocupaba originalmente el cercado rural- en las que no se podría cazar. La medida pretende dar protección al terreno y a las especies que lo habitan.

Del otro lado se encuentran los ganaderos -en la zona están establecidas media docena de ganaderías- que se quejan de los daños que propiciará la constitución del refugio. Además critican que el retraso en la concesión del coto les está afectando porque el jabalí no hace más que destrozar su propiedad y los lobos matan sin cesar el ganado. Dice Quintana que «la mayor parte de ganaderos y propietarios están en contra de cualquier figura que limite la caza en la zona alta del concejo». Lo prueban con 83 firmas que acaban de recoger y presentar en la Consejería para solicitar que se revise el cercado rural y se permita la caza. En la zona desarrollan su actividad una decena de ganaderías con el modelo extensivo: «El refugio es incompatible con la ganadería, si lo aprueban nos obligan a cerrar».