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Los propietarios de Fuentes del Narcea celebran la anulación del plan de gestión

"Es un cúmulo de despropósitos", dicen los dueños, que confían en que el fallo se repita en los diez recursos pendientes

Los propietarios de terrenos incluidos dentro del Parque Natural de Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias esperan que el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) del pasado día 9 de mayo, en el que se anula por segunda vez el Instrumento de Gestión Integrado (IGI) del espacio natural del Suroccidente por carecer de una memoria económica adecuada, se repita en la decena de recursos presentados contra el plan de gestión y que aún están pendientes de resolución.

La sentencia del TSJA, adelantada por LA NUEVA ESPAÑA, responde al recurso interpuesto por propietarios de tierras en los montes de Monasterio de Hermo, conocidos con el nombre de "Terrenos Bravos del Pueblo de Monasterio de Hermo" y "Brañas de la Granda, Fueyos y Morterón". Como ellos, muchos otros dueños de terrenos incluidos dentro del Parque han recurrido a la justicia al considerar que el Principado debía indemnizarles por expropiación de sus propiedades y por derechos en su uso. Un buen número forman parte de la asociación de Propietarios de Fincas en Comunidad Romana afectadas por el Parque de Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias (Asprocoro) que preside José Pablo Vicente, quien confía en que todos los recursos obtengan el mismo resultado: "Somos prudentes porque todo lo referido a la justicia es muy lento".

No obstante, José Pablo Vicente asegura que la sentencia es una "buena noticia para nosotros y para el conjunto de Asturias" y considera que el IGI "es un cúmulo de despropósitos que hemos denunciado y llevado a los tribunales y parece que se nos está dando la razón". El presidente de la asociación de propietarios insiste en que lo que buscan es que se cumpla la ley "porque aquí no se está haciendo, el Principado quiere quitarnos nuestros terrenos y no pagarnos por ellos".

Delfino Lago también es propietario y pide calma para observar cómo se sucederán los hechos: "Esto acaba de empezar y espero que sea firme porque entonces ya se podrá avanzar". En este sentido, José María Rodríguez recalca que no están en contra del Parque Natural sino de las restricciones de los planes de gestión. "No vemos beneficio ninguno, solamente tenemos zonas restringidas y no recibimos nada a cambio y ni siquiera nos notifican las restricciones", se queja.

El presidente de Asprocoro recuerda que a la hora de redactar el nuevo plan de gestión del espacio natural "se debería tener en cuenta la sentencia del Supremo para no volver a incurrir en los mismos errores, pero es que tenemos una administración que no nos protege, nosotros pagamos unos impuestos y ellos no cumplen su función", denuncia.

En el año 2013, los propietarios de terrenos consiguieron ya anular el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) contra el que falló el Tribunal Supremo por falta de participación de los propietarios en la elaboración, que no había un presupuesto para compensaciones y que no estaban delimitados los territorios.

Del lado de los propietarios se posiciona el portavoz popular en Cangas del Narcea, José Luis Fontaniella, que entiende que la sentencia "debería ir más allá del tema económico, pero la respeto". Fontaniella asegura que es evidente que el IGI "no liga con la sociedad de Cangas porque se hizo a espaldas de la gente y al final la ciudadanía acude a los tribunales que les vuelven a dar la razón porque la administración regional ha vuelto a hacer mal las cosas y eso nos afecta a todos".

El alcalde cangués, José Víctor Rodríguez (PSOE), asume que una vez que la sentencia sea firme "habrá que ponerse a trabajar de nuevo para sacar el instrumento adelante y lo que toca es darle otra vez el enfoque de la participación de los vecinos y que se mejore lo que sea necesario en la memoria económica".

Sin embargo, destacó que la sentencia rechaza "los argumentos que dicen que no hubo participación y recoge que todo es correcto salvo que no existe una partida de compensaciones en la memoria de 25 millones de euros, es cuestión de dos palabras en un documento". De este modo, el Alcalde asegura que el fallo deja claro que "la parte de la participación estuvo bien hecha y se siguió todo el procedimiento correctamente y sólo es necesario un cambio contable".

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