El grado de intensidad con el que trabajan los furtivos del percebe, y la aparente impunidad con la que se manejan a lo largo de la costa asturiana han puesto en pie de guerra a los profesionales del sector. Los perceberos de la comarca exigen que se aplique la ley y que se tomen medidas para frenar esta lacra que, denuncian, tienen consecuencias graves para su trabajo, pero también para el consumidor, para las propias cofradías de pescadores, y, por supuesto, para la especie, incapaz de soportar tal presión de capturas.

Un grupo de mariscadores, en representación de los profesionales de todos los planes de explotación del Occidente (desde Tapia hasta Oviñana) se reunieron ayer en Puerto de Vega para poner de manifiesto su enfado y frustración ante lo que sucede delante de sus narices. Son conscientes y valoran el trabajo tanto de la Guardia Civil como de Inspección Costera, y piden que los que hacen "el trabajo que viene detrás", es decir, el de los juzgados, se apliquen. "No puede ser que haya reincidentes, con miles de euros en multas, que estén en la calle y sigan furtiveando porque les compensa", lamentan.

La situación parece haberse agravado en los últimos meses. Hace apenas diez días, por ejemplo, se dio el último caso en Tapia de Casariego. La Guardia Civil logró localizar a tres cántabros que habían extraído 48 kilos de percebe en ese tramo de costa. Los tres tenían antecedentes, y actuaron en la zona de Las Percebosas, donde se localizan las mejores piedras para este crustáceo en todo el concejo tapiego.

"Pedimos desde aquí, unidos, que los jueces apliquen la ley. No puede haber gente reincidente quedando inmune por ser insolvente, o por sacar suficiente recompensa como para pagar multas y seguir furtiveando", asegura Avelino Fernández, del plan de Ortiguera. "No acaban de actuar con dureza contra ellos", añade.

Las peticiones del sector pasan también por lograr una mayor coordinación entre la vigilancia y la Guardia Civil, sobre todo en épocas de veda biológica; y que se apoye su trabajo desde las instancias judiciales. "Porque son muchos miles de euros los que están robando y los castigos son de risa", lamentan.

Exigen que se aplique la modificación de la ley que ha hecho que el furtivismo pase de ser infracción administrativa a delito penal. "Muchos son reincidentes, con grandes cuantías en multas, que no acaban de entrar en la cárcel, esto desgasta a la vigilancia, que siente que su trabajo en las incautaciones no sirve de nada".

Los perceberos explican que este tipo de delincuentes atacan directamente a la economía de un sector que da trabajo a más de trescientas personas en la región, sin aportar nada a cambio: ni impuestos, ni retorno en las cofradías. Además, hacen que los perceberos con los papeles en regla se expongan a un mayor peligro cuando faenan, al no poder trabajar en las rocas esquilmadas por los furtivos, que son las de más fácil acceso.

Asimismo, ponen énfasis en la seguridad del consumidor. "A nosotros nos exigen unos controles, una trazabilidad y un etiquetado muy estricto, que garantiza la calidad del producto. El percebe del furtivo no tiene esos controles", denuncia Manuel Fernández, también de Ortiguera, que considera que las sanciones "deberían ser mucho más severas", porque "se pone en riesgo la salud pública". La ley debería actuar contra los que compran percebe furtivo, porque están incitando al furtivismo, según indican.

El sector se muestra de este modo crítico, también con las cofradías, a las que piden más apoyo para esta lucha. "Estamos en un punto crítico en la mayor parte de los planes del occidente", asegura Manuel Fernández. De hecho, en Luarca la campaña se cerró antes de tiempo, y está en el aire la campaña de verano.