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Transparencia social y corrupción

 
Transparencia social y corrupción
Transparencia social y corrupción  

JOSÉ LUIS POYAL En la era en la que el ladrillo ha sido oro, los salarios no han pasado de hojalata. Según el estudio del Barómetro Social de España, que ha sido presentado estos días, mientras el capital inmobiliario y financiero se ha más que duplicado (crecimiento anual del 8 por ciento), las rentas salariales se han estancado (reducción de salario medio del 2,4 por ciento en el conjunto del período analizado). Los más perjudicados, los jóvenes, los inmigrantes no comunitarios y las mujeres. Entre 1994 y 2006 se triplicaron las deudas de los hogares y el ahorro ha descendido un tercio en el mismo período, de tal modo que la deuda ha aumentado seis veces más deprisa que su renta, debido principalmente a las hipotecas.


El Colectivo IOE, autor del informe y que utiliza datos estadísticos oficiales, afirma, además, que ha aumentado en más de un millón de personas el colectivo de pobreza severa (quienes no alcanzan el 40 por ciento de la renta media) y añade que el nivel de diferencia social se ha incrementado en un 23 por ciento. Entre las causas de los desajustes sociales hay un capítulo que merece especial atención: la necesidad de mejorar la «transparencia social» para lograr que administraciones públicas y privadas sean más eficaces y equilibradas.


La transparencia social, como elemento que garantiza el derecho a la información del ciudadano, esto es, el «derecho a saber» como un factor realmente fundamental para la lucha contra la corrupción.


Durante el prolongado período de crecimiento económico debido al «ladrillo de oro», ha estado sobrevolando la percepción de que el factor corrupción ha estado presente y que todavía queda mucho por reformar para que la mayor transparencia social impida las prácticas que la fomentan.


El «Informe global 2007 sobre la corrupción en España» emitido por Transparency International España, señalaba el retroceso de nuestro país en cuanto al índice de percepción de la corrupción (CPI). quebrando una tendencia que era muy positiva. En una lista de 180 países figuramos en el puesto 25.º, que comienza en Finlandia con la mejor nota.


Los analistas señalan que han sido los escándalos urbanísticos los causantes de ese peor juicio y han focalizado en el ámbito local, urbanismo y especulación, la mayor incidencia. También informes oficiales, como el del Defensor del Pueblo, coinciden en indicar los mismos puntos. Se ha afirmado hasta la saciedad que la calificación del suelo urbano es el origen de los mayores casos de corrupción y convierten en sospechosos los llamados «convenios» en los que el titular de unos terrenos se compromete a llevar a cabo determinadas cesiones de los mismos, independientemente de lo que está obligado por ley, e incluso pagos en metálico a favor de la Administración urbanística, para el caso que se apruebe o se modifique por parte de dicha Administración un plan con determinaciones concretas (clasificación, usos, volumetría...).


Los «convenios» y los planes urbanísticos, con continuas modificaciones, siguen siendo la fórmula de aumentar ingresos en los ayuntamientos, a la par que es evidente la escasa vigilancia sobre construcciones ilegales, multas en lugar de demoliciones, expropiaciones a particulares para ceder posteriormente a empresas con fines sociales, las cuales, con el suelo en su poder, han vendido a precios astronómicos y otros malos usos.


La corrupción urbanística no respeta institución alguna y hasta los Juzgados han sufrido las consecuencias, como bien sabe la Fiscalía Anticorrupción, que tendrá que activar sus funciones para que la transparencia social pueda funcionar.


Y por favor que nadie toque las reservas de la Seguridad Social como medio de financiar crisis del «ladrillo de oro».

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