El Tribunal Superior de Justicia de Asturias acaba de anular el nombramiento de 281 cargos de altos funcionarios designados por el Principado mediante el sistema de libre designación, y no a través de concurso de méritos. Es decir, a dedo, o, más bien, a dedazo limpio. Vean que no son 30 o 40 puestos, o unas pocas docenas de libres designaciones, sino casi 300, lo cual indica hasta dónde la voluntad política anhela penetrar en la Administración pública. Pues bien, la sentencia se acumula a la de la anulación de la carrera profesional y a otras trapisondas perpetradas por el Gobierno del Principado en materia funcionarial. Los éxitos se le acumulan al presidente Areces, como si se cumpliera el adagio clásico: «Quem deus vult perdere, prius dementat»; aquel al que los dioses quiere perder, primero lo vuelven loco. Los dioses que desean perder a Areces deben de ser los de la FSA (Federación Socialista Asturiana), que no le quieren de candidato en 2011; y lo de los altos cargos públicos en el Principado es lo que parece de verdadera locura.
Pero, con todo, lo más curioso del caso es que la portavoz del Ejecutivo, Ana Rosa Migoya, ha dicho que el uso de la libre designación permite nombrar, pero también destituir de su cargo al funcionario que no cumpla con sus obligaciones. Esto sería bueno en el caso de los haraganes, si los hubiere, pero no nos pagan para pensar bien. La libre designación sirve también para cesar al díscolo, es decir, para establecer un sistema de adhesiones políticas que es todo lo contrario de lo que se espera -afortunadamente- de los funcionarios, es decir, objetividad por encima del libre arbitrio o desmanes del mandatario. La explicación de Migoya parece más delatora que clarificadora.
