Una semana negra. Con el trasfondo de la cumbre UE y Mercosur, con mucha cohetería, fotos y pocos resultados, el presidente del Gobierno tuvo tiempo para presentar su plan anticrisis, a base de reducciones de salarios a los funcionarios, congelación de pensiones y otros cortes en diversas partidas sociales.
Nada de medidas de reformas estructurales, olvido escandaloso de los cuatro millones y medio de parados y anuncio de elevación de impuestos, incluyendo uno nuevo que gravará a los «ricos».
El Gobierno ha desoído las críticas de los partidos y hasta las amenazas de los «vicepresidentes» Méndez y Toxo, que ya se preparan para alguna fórmula de protesta testimonial. Solamente testimonial porque la reforma laboral no se ha tocado. Zapatero ha optado por el «decretazo», un procedimiento que censuró hace unos días.
Dentro de poco conoceremos cuál es la respuesta que dan los partidos en el Congreso a la hora de la convalidación. Todos ellos, con mayor o menor énfasis, se mueven entre castigar al Gobierno por haber optado por las medidas más fáciles, a costa de sacrificar a una parte importante de la ciudadanía, o aceptarlas por la urgente necesidad de aplicar un primer recorte al gasto público.
Digamos que el cuerpo les pide dar un portazo y un repudio unánime al Gobierno y su Presidente, pero que la situación al borde del caos obliga a inclinar el voto con una respuesta muy condicionada, pero que acaba sirviendo para que salga adelante el perverso decreto.
Se equivocaría Rajoy si opta por el no o la abstención. Lo cual no impide que se explaye, de cara a la opinión pública, poniendo de relieve todas las otras opciones que pudo haber tomado Zapatero como primeras medidas. Votar sí, pero exigiendo nuevos decretos afrontando la reforma laboral con la regulación del contrato único y de los convenios colectivos. Decretos sobre el adelgazamiento de la Administración pública, congelación de plantillas, reducción de ministerios, consejerías y altos cargos. Disminución al 50 por ciento de delegaciones, diputados y parlamentarios, porque pueden hacer lo mismo con menos representantes. Naturalmente hay que hacer una revisión, una a una, de todas las subvenciones. De ese cajón sin fondo de donde salen las financiaciones a los partidos, sindicatos, fundaciones, patronal, asociaciones privadas, de consorcios y de vecinos, ONG ayuda al exterior, pompas y vanidades, transferencias autonómicas y otros conceptos singulares que suman 300.000 millones de euros.
Ha sido una semana negra, pero aún pueden venir tiempos más oscuros si el decreto no tiene continuidad en la dirección correcta.
