Uno de los más grandes avances para mejorar la convivencia social se consiguió a finales del siglo XVIII, con la mejor configuración de las asambleas representativas. Las revoluciones americana y francesa apuntalaron la primacía de las leyes como normas que podían limitar los derechos de los ciudadanos e imponer nuevas obligaciones. Ese poder tan singular derivaba de que se consideraban estas asambleas como expresión de la voluntad popular que buscaba el interés general, de todos los ciudadanos, al ser fruto del sistema representativo.

Mucho ha llovido desde entonces y nuevas mejoras incidieron en el sistema parlamentario, caso de la conquista del sufragio universal. Pero alcanzado ese punto, parece que hemos empezado a perder el territorio conquistado de la democracia y la igualdad de todos los ciudadanos. El voto no vale lo mismo dependiendo de la localidad en la que se ejerza; en España abochorna comprobar cómo los partidos políticos ejercen una férrea disciplina sobre todos los electos, de tal modo que silencian cualquier murmullo disidente, y la lectura de las leyes aprobadas nos dan buena muestra de que no se persigue ya el interés general, sino que determinados intereses se han apropiado del Congreso y del Senado y parece como si el interés de todos estuviera secuestrado.

Hoy contamos con dos terribles ejemplos en los periódicos. En el Senado se votará la reforma de la ley que pretende luchar contra la morosidad de las relaciones económicas. Muchas empresas están asfixiadas ante los graves retrasos de pago. Se pretendía que en menos de dos meses se pudieran cobrar las deudas, pues el dinero ha de fluir entre los empresarios. Los diarios cuentan cómo se ha introducido una enmienda en el último momento para establecer un trato privilegiado a favor de las administraciones públicas y de las grandes empresas constructoras. ¿Por qué esa discriminación que tantísimo daño hace a la economía española?

El segundo ejemplo lo ha facilitado el Tribunal de Cuentas, que presentó su informe en el Congreso de los Diputados. Resulta bochornoso conocer cuánto se gastan los grandes partidos políticos en las campañas electorales, los millonarios créditos que piden a la banca y... que no devuelven. Y es que la última reforma de la ley de financiación permite que las entidades financieras condonen esas deudas.

Se insinúa que más de treinta millones de euros han sido condonados. Y se insinúa porque el Banco de España no ha colaborado con el Tribunal de Cuentas facilitándole completa información. Las preguntas asaltan, claro: ¿qué es lo que se da a cambio? ¿O las condonaciones son gratuitas? ¿Y por qué los grandes partidos políticos pueden librarse de sus deudas y tantos empresarios no? ¿Cuántas cosas se podrían hacer con esos millones?

La única sensación es que ha sucumbido el interés general. Sólo priman algunos intereses particulares... En fin, no me queda aliento ni para un réquiem.