El cuidado y acompañamiento de ancianos e impedidos, los servicios de limpieza comunitaria y de trabajo en el hogar, las peonadas de albañilería y de recolección agrícola y una gran parte de los trabajos que muchos europeos rechazan a pesar de que el desempleo sea acuciante podrían desaparecer. Aunque no parece que lo entiendan así los administradores de los grandes países de la Unión Europea. Quizá nos salven de esa situación los diputados del Parlamento continental o al menos una parte de ellos.

Llueve sobre mojado y la UE sigue cerrando caminos a los inmigrantes no comunitarios. O al menos intentándolo. Si en la primavera de 2008 se marchitaron muchas flores para los llegados ilegalmente, con la directiva de retorno, la que daba un plazo «voluntario» de siete a treinta días para aquellos sin papeles que retornaran, también «voluntariamente», a su tierra de origen y autorizaba a los estados a detener a los indocumentados hasta año y medio, ahora ha estado a punto de morir toda su vegetación en este invierno entrante. Pero, ojo, sólo quedan dos meses de respiro.

En junio de 2008 la justificación se basaba en que una legislación posterior establecería un trato más justo a la inmigración legal. Pero antes de acabar 2010 la directiva de permiso único quería establecer un procedimiento que llena de discriminaciones a los trabajadores llegados a Europa y principalmente a España sin contrato de trabajo. Permitía la entrada en Europa «de trabajadores que no quedaban sometidos al derecho comunitario ni al derecho nacional», lo que fomentaría los sentimientos de xenofobia, racismo y rechazo hacia esos inmigrantes.

La directiva de permiso único, rechazada por el momento por el Parlamento europeo, establecía un procedimiento para los permisos de residencia y trabajo para los ciudadanos de países de fuera de la Unión. Intentaba crear una política global sobre inmigración llena de discriminaciones a estos trabajadores (principalmente suramericanos y africanos en cuanto a los que arriban a España) con la derogación de derechos y excluyendo a numerosos de estos colectivos.

El peligro no ha desaparecido pues la directiva fue devuelta a la Comisión Europea, que estudiará si mantiene su propuesta votada negativamente el pasado día 14 en el Hemiciclo europeo. Allí ya la comisaria Neelie Kroes dio a entender que el Ejecutivo comunitario mantendría su propuesta con idéntico texto. Por ello, a los eurodiputados les quedan dos meses para consensuar un acuerdo entre los diferentes grupos, lo que no lograron el 14 de diciembre y volverán a votar en febrero.

Posiblemente los eurodiputados se han dado cuenta de que aplicando estas directivas iban a tener que cuidar ellos mismos de sus progenitores ancianos, dedicar horas a las tareas del hogar o limpieza de servicios comunitarios, elevar los salarios de los peones de la construcción, mejorar enormemente el acondicionamiento de los trabajos de recogida de cosechas y otras muchas labores que desde hace tiempo realizan los llegados de la miseria de ultramar. Posiblemente los eurodiputados conocen la teoría de Aristóteles: «Vivir bien es mejor que vivir».