Siempre se dijo, y con razón, que no hay que tratar de contentar a quienes no se van a contentar. Y ésta es la clave de los posibles errores cometidos hace un tercio de siglo por los padres de la Constitución con el llamado Estado de las autonomías, creado «ex novo» para contener a los nacionalismos vasco y catalán, es decir, a los enemigos del propio Estado español. ¿Qué trabajo les hubiera costado, en todo caso, proponer una razonable regionalización? Las palabras importan.

Gran parte de los males que hoy nos afligen (corrupción, crisis, tensiones interregionales, patrimonialización del poder, pujos soberanistas, redundancia de servicios y organismos, hipertrofia funcionarial, burocracia galopante, despilfarro, descoordinación, inflación normativa...) no tiene otro origen que la apresurada y masiva descentralización de competencias y la ausencia de controles eficaces.

Situación que a estas alturas tiene muy mal arreglo porque se ha dejado avanzar durante 33 años sin echar mano de los mecanismos previstos en la Constitución, incluso de emergencia, con una interpretación complaciente del texto legal hacia los territorios y sin hacer valer en plenitud las competencias que al Estado se atribuyen. Hay una crisis generalizada del principio de autoridad a todos los niveles, muy propia de la filosofía política de una izquierda decadente.

La autonomía ha suscitado en algunas comunidades una especie de soterrada vocación por una soberanía de juguete y en las llamadas «históricas» (?), a favor de un independentismo rampante. Casi nadie se atreve, por ejemplo, a invocar la válvula de seguridad del artículo 155, que prevé medidas correctoras en caso de desmadre contra el interés general.

La vulneración de la legalidad sobre la presencia de símbolos como la bandera, la creación de embajadas apócrifas en el extranjero, la escalada de rebeldías y declaraciones antiespañolas, el avance del aberzalismo con la benevolencia del Supremo, las ofensas a la Monarquía (y lo que nos espera con el partido de Copa) y otras irregularidades no han tenido en estos años la adecuada y firme respuesta nacional.

La crítica situación que vivimos hace aflorar un sinfín de anomalías que vienen de muy atrás y reclaman su replanteamiento. Pero había que preguntarse por qué no han funcionado adecuadamente todos los mecanismos de control: interventores, fiscales, inspectores, delegados gubernativos, censores, tribunales de cuentas y hasta los defensores de las mil y una cosas de que nos quieren defender. ¿Quién custodia a los custodios?

Pero, por encima de todos los controladores y ante tantas demasías producidas desde el 78, habría que preguntarse dónde estaba la leal oposición política, de izquierda, derecha o centro -que ahora se rasga las vestiduras-, y por qué no ejercía sus responsabilidades.