La reforma educativa de la LOMCE

Luces y sombras de la nueva ley de enseñanza

25.05.2013 | 00:00
La reforma educativa de la LOMCE
La reforma educativa de la LOMCE

Hay que reconocer que el anteproyecto LOMCE introduce algunas normas positivas. En primer lugar destacan las evaluaciones finales individualizadas externas como condición de titulación. También lo es la publicación de resultados de los centros. A su vez, la medida de impedir la no concesión de conciertos a centros que opten por la educación diferenciada es de elemental derecho en un ámbito democrático. No sé a qué vienen las reticencias del Consejo de Estado: en sociedades plurales y democracias políticas la educación diferenciada y la coeducación gozan del mismo derecho, y son los padres los que eligen. Y, por supuesto, es una muy buena noticia para la libertad la desaparición de la Educación para la Ciudadanía, propia del leninismo soviético.


Ya era hora de que se diera cumplimiento al «Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede de 1979 sobre la enseñanza», en el que se señala que la religión católica será disciplina fundamental, si bien no tendrá carácter obligatorio para los alumnos.


No se resuelve el problema del atropello lingüístico en Cataluña y en otras regiones que impiden estudiar en nuestra excelente lengua española.


La LOMCE consolida, con tímidos retoques, la escuela comprensiva unificada, que llega hasta los 16 años, prorrogables en muchos casos. La escuela primaria sigue con un currículo innecesariamente regulado. No se han planteado que en esta etapa debería dejarse autonomía a los titulares para organizarse, establecer horarios, contenidos, etcétera. El Estado cumpliría mejor su misión estableciendo los conocimientos mínimos consensuados de fin de etapa y prescribiendo los contenidos obligatorios de la Lengua Española y la Geografía e Historia de España.


La libertad de enseñanza queda en el olvido más absoluto. El socialismo incrustado en el PP sigue sin tener en cuenta que los partidos políticos y sindicatos deberían estar lejos de las escuelas. La brutal intervención educativa, en los diecisiete estados autonómicos, además de las prebendas para grupos privilegiados, permite que políticos y burócratas impongan sus ideas en detrimento de otras posibilidades.


A partir de los doce años una reforma consistente debería dar oportunidad a una oferta de formación en la sociedad civil, con acuerdo de Estado, para que como mínimo existieran tres opciones básicas. Una, la actual, llamada escuela unificada, hasta los dieciséis años, otra de carácter preprofesional y una tercera de un Bachillerato de alto nivel académico. Todas ellas incluirían el estudio de la Historia y Geografía de España.


Aunque, como en todas las leyes educativas, se habla del desarrollo integral de la personalidad, la realidad es que la antropología, en la LOMCE, es insuficiente. Parece que todo se cifra en competencias profesionales, en una burda interpretación de la economía. Una nación no puede prosperar sin virtudes. El general de los Jesuitas, padre Nicolás, en su reciente visita a Asturias precisó que la excelencia no ha de ser tanto una cuestión académica, que también, sino de «excelencia humana». Efectivamente, sin esa visión antropológica la educación sería incompleta y tendríamos unas élites con conocimientos y competencias profesionales que, como sucede en estos tiempos actuales en España, se aplicarán al engaño, a la manipulación e incluso al robo.


Tampoco parece que la LOMCE vaya a acabar con la tiranía escolar de las administraciones autonómicas. Las consejerías de Educación son un factor inhibidor de calidad educativa. Tienen que reducir ostensiblemente sus organigramas, transformándose en una oficina de escasos efectivos dedicada sólo a la gestión del personal de los centros de que son titulares. No deberían tener atribución alguna sobre centros privados, que estarían, en cuanto a conciertos y a la regulación general, en relación con del Gobierno de España.


La mejora de la gestión y el ajuste de los abultados costes del puesto escolar en los centros gubernamentales no va a ser posible con los gestores políticos de las administraciones actuales. ¿Ustedes creen que es de recibo que el coste medio de un puesto escolar de la mal llamada escuela pública se acerque a los 8.000 euros por alumno año, mientras que el mismo concepto en la concertada no llega a los 4.000 euros? Esto es impresentable. Ni con LOMCE ni sin LOMCE el Gobierno de Rajoy está dispuesto a liberalizar la enseñanza.

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