Los partidos tienen la necesidad de mantener la disciplina interna de cada grupo para ser políticamente eficaces. Pero, si con listas electorales cerradas se ven y se desean para evitar las fugas de votos en los parlamentos y hasta posibles escisiones, ¿cómo convencerlos de que hay que abrirse más a la sociedad para recuperar la confianza de los ciudadanos, perdida en muchos casos por la opacidad y, en algunos casos, por la corrupción de partidos o sindicatos, según evidencian reiteradamente las encuestas de opinión? Hay que hacer compatibles la disciplina y unidad de los grupos con avances en la ampliación e intensidad de la participación ciudadana. Es necesario incrementar las elecciones primarias, la representación territorial, vinculando a los parlamentarios con los distritos electorales, e, incluso, las listas abiertas. Siendo imprescindible la coherencia de cada grupo político, no lo es menos conseguir que la sociedad, la gente, se sienta representada por los políticos a los que ha elegido.

La implantación del sistema de primarias en USA llevó un largo proceso, iniciado por el Partido Demócrata, y aceptado, al fin, por el Partido Republicano. Aquí podría empezarse por aplicar las primarias en las grandes elecciones, dando participación a los simpatizantes de cada partido en la selección de los candidatos, tal como ocurrió con el Partido Socialista en las últimas elecciones generales francesas.

La mayor vinculación de los candidatos a los distritos electorales potenciaría la comunicación entre los políticos y los ciudadanos que los votan. La conversión del Senado español en un eco o repetición del Congreso de los Diputados, desvirtuando su condición de Cámara de la representación territorial, ha contribuido, sin duda, a la desastrosa situación actual de la integración de las comunidades autónomas, como evidencia, sobre todo, la problemática de Cataluña.

En Irlanda había dudas sobre la conveniencia de mantener el Senado, y se hizo un plebiscito, que salvó la continuidad de la Cámara Alta por un pequeño margen de votos. Aquí no habrá un referéndum sobre el Senado porque no hay ninguna duda sobre lo que opinaría la gente. De celebrarse esa consulta popular, votarían por la continuidad de la institución los senadores, los funcionarios del Senado y los familiares en primer grado de ambos grupos. Los votos de los familiares en segundo grado se dividirían, y el resto de los españoles se pronunciaría, en bloque, por la supresión de una Cámara que no ha cumplido con su destino de equilibrar y armonizar los intereses de las diferentes comunidades autónomas del Estado español, y que se limita a ser una copia defectuosa e inoperante del Congreso, ya que puede enmendar los proyectos de ley de la Cámara Baja, pero la última palabra la tiene ésta.

La supresión de instituciones prescindibles debiera ser una iniciativa de los grandes partidos, pero el Gobierno del PP se ha apresurado a blindar las diputaciones, atribuyéndoles nuevas competencias, cuando han cumplido ya con su ciclo histórico, que han heredado las comunidades autónomas. Esa supresión de organismos políticos tendría más de gesto ejemplar de los partidos que de solución a la problemática económica del país. Sería demagógico comparar el ahorro de medio centenar de millones de euros, que cuesta el Senado cada año, con el déficit del Estado, mil veces mayor, o con la deuda, cercana ya al billón.

No será fácil, pero es necesario que los partidos intenten hacer compatible su coherencia como grupos políticos con un mayor acercamiento a la gente, a la participación ciudadana, mediante la celebración de primarias, potenciando la vinculación de los diputados a los distritos que representan, abriendo las listas electorales y suprimiendo organismos públicos prescindibles.