Pagar impuestos no es muy agradable, en parte por el mal empleo que muchas veces se les da, pero nadie tiene derecho a exigir una atención esmerada, ni unas infraestructuras modernas, ni unos sistemas de protección generosos con los desfavorecidos si antes no está dispuesto a contribuir de manera proporcional con el fisco. Los asturianos cuentan con argumentos suficientes para quejarse. Lo ingrato en la región ya no es tener que cumplir puntualmente con la implacable Hacienda pública autonómica, sino hacerlo en unos porcentajes asfixiantes, mayores que en cualquier otro territorio español. En un mismo país, entre habitantes iguales, con idénticos derechos y deberes, aquí hay que asumir un esfuerzo impositivo superior. Una consecuencia de la autonomía y un agravio en toda regla.
El Presupuesto del Principado que estos días ha empezado a tramitarse no hace otra cosa que agrandar la injusticia. Su única novedad consiste en inventar nuevos gravámenes, a propuesta de IU: a las bolsas de plástico, a los residuos y a los vertidos industriales, disfrazados de "tasas verdes" para disimular la estocada. Pónganse en lo peor. Los arbitrios, una vez echan a rodar, acaban con tenacidad numantina por quedarse. Experimentos anteriores, como el céntimo sanitario, el recargo sobre los depósitos bancarios o el canon a las grandes superficies, lo demuestran, a pesar de nacer con polémica y contar con pronunciamientos judiciales desfavorables, siempre eludidos.
Las Cuentas, diseñadas para ganar por la izquierda los apoyos necesarios para su aprobación, no ponen el acento en la inversión productiva. Las partidas que registran mayor aumento son las destinadas a retribuir a los funcionarios (para devolverles la paga extra y equiparar su subida salarial a los de la Administración central) y a la sanidad (para costear nuevos tratamientos y el IVA de los medicamentos). La atención médica y hospitalaria ya consume un 40% de los recursos de Asturias, lo que hace inevitable plantear cuanto antes la sostenibilidad del sistema.
No hay mejor política asistencial que relanzar la economía. Engordar epígrafes como el del salario social prolonga parches de dudosa eficacia. Facilitar que se multiplique la actividad, amparar a los emprendedores, multiplica el empleo y la recaudación. Con ello también las posibilidades de mantener unas prestaciones de estándares elevados sin necesidad de incautar más renta a la población. Hay que dar por fallido el Presupuesto que no contribuye al crecimiento económico o renuncia de mano a hacerlo.
Los socialistas generalizan a todas las herencias una deducción de 150.000 euros, pero pretenden seguir recaudando lo mismo: 143 millones. No hay otra manera de bajar supuestamente el gravamen sin mermar su cuantía que obligando a pagar más a una parte de los afectados. El sectarismo y la demagogia impiden ver a los defensores del impuesto de sucesiones que no son precisamente los ricos, con capacidad para eludirlo, quienes lo padecen sino una clase media que invirtió una vida de trabajo en una casa y unos ahorros para dejar a sus descendientes.
Mientras Asturias, una región con una población activa dramáticamente exigua, continúe despeñándose por el precipicio de la voracidad recaudatoria seguirá espantando inversores y vecinos. Los asturianos no tienen por qué soportar el oprobio de desembolsar 32.000 euros para recibir bienes de sus ascendientes valorados en 400.000 (la vivienda habitual, una segunda residencia y una libreta en el banco suman fácilmente ese importe) cuando a pocos kilómetros, en Galicia o en Cantabria, una herencia similar no paga nada.
Los partidos toman el Presupuesto como instrumento de su batalla electoral, más preocupados de maniobras que les beneficien -o perjudiquen al contrario- que de buscar lo mejor para los asturianos. Los nuevos, Podemos y Ciudadanos, dan síntomas de ser tan calculadores como los de la casta. Podemos intenta un malabarismo: no hacer el juego a la derecha tumbando el proyecto, ni dar bazas a los socialistas franqueándole el paso. En su línea populista habitual, la formación pretende librar de cargas a las rentas bajas a costa de exprimir "a los ricos". El problema está en situar la frontera, porque al final estos experimentos demagógicos siempre acaban perjudicando a la clase media. El PP evitó la prórroga en el año 2014 entendiéndose con los socialistas. Este año, aliado con Foro, intenta acorralar al PSOE, como si tuviera que purgar un pecado, con un órdago: votará a favor de las Cuentas si los socialistas rectifican y suprimen el impuesto de sucesiones y los tributos verdes.
Las negociaciones para propiciar pactos fueron un paripé. En algunos encuentros se habló hasta de fútbol y los interlocutores, poco interesados en el avance de la conversación, mataban el tiempo atendiendo los mensajes de sus móviles. Una comedia de no ser porque lo que tienen entre manos es la responsabilidad de decidir cómo se invierten de manera racional y eficiente los fondos de los asturianos. Y si quien redacta el Presupuesto lo acomete sin originalidad, ambición y audacia, convencido de no poseer margen de maniobra para intervenir sobre la realidad y cambiarla porque los dineros están cautivos, ¿para qué sirve la autonomía? La respuesta es clara: por lo pronto para pagar más impuestos.
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