Leí el otro día en un periódico madrileño de circulación nacional un titular que me dejó perplejo: "Una operación fallida de Arpegio le cuesta a Cifuentes 42 millones". Arpegio es una empresa pública de gestión del suelo investigada en la trama de corrupción conocida como Púnica y que Cifuentes (Cristina) es la presidenta regional.
Si nos tomábamos la molestia de leer la noticia, nos enterábamos de que un juzgado había embargado las cuentas de Arpegio por la cantidad indicada para que pagase su deuda con una sociedad privada a la que vendió parcelas de un parque temático situado en el municipio de San Martín de la Vega y uno de cuyos dueños es la Comunidad de Madrid.
Arpegio se comprometió con los compradores a tramitar una modificación del plan general de urbanismo con el objetivo de aumentar la edificabilidad, pero en la cláusula se incluyó un contrato de indemnización por 32,8 millones si eso no se cumplía. El incremento de la edificabilidad no se llevó finalmente a cabo por haber denunciado otra empresa dicho acuerdo en la jurisdicción contencioso-administrativa, y haber sentenciado el Tribunal Superior de Justicia de la capital que la modificación pretendida por el Ayuntamiento y la Comunidad no respondía a "una razón urbanística" ni se justificaba por "una razón de interés público". La consecuencia fue que un juzgado condenó finalmente a Arpegio a pagar al comprador no sólo los 32,8 millones de indemnización que fijaba el contrato, sino otros 9,8 millones más de intereses y costas. ¡Todo un negocio!
Pero a lo que iba: se habla muchas veces de "traduttore, traditore" (traductor, traidor), pero las mayores traiciones las cometen con demasiada frecuencia los periódicos al simplificar una información en un título, que es lo que muchos sólo leen. Es evidente que la dirigente del PP Cifuentes no pagará esos 42 millones que se reclaman, como se dice en el título, sino que seremos los vecinos de Madrid quienes los abonemos sin que seguramente el o los responsables de ese desaguisado tengan que poner nada de sus bolsillos.
Es lo mismo que ocurre cuando se anuncia que España se expone a una multa de la Comisión Europea por superar el déficit fiscal permitido: la sanción parece que vaya a tener que pagarla un ente ajeno a nosotros y no que vaya a salir de nuestros impuestos.
¿Cuándo tomaremos plena conciencia de que el Estado no nos regala nada, sino que todos los servicios que nos ofrece, desde la sanidad y la enseñanza hasta la defensa o la seguridad ciudadana, los pagamos nosotros, y que nos corresponde por tanto exigirles a los políticos responsabilidades por lo que hacen o dejar de hacer?
