Cangas de Onís,
Alba SÁNCHEZ R.
La Confederación Hidrográfica del Cantábrico negó ayer haber dado trato de favor a ninguna empresa de navegación turística del río Sella. Un portavoz de la Confederación calificó de «muy graves» las acusaciones lanzadas por el empresario cangués Manolo Villarroel, que ha denunciado en el Juzgado al presidente del organismo estatal, Jorge Marquínez, y a otros dos funcionarios por un supuesto delito de tráfico de influencias, al haberle denegado un permiso que sí se otorgó a otras empresas.
La Confederación anunció que será «muy dura» ante las acusaciones «infundadas y falsas» del propietario de la empresa de turismo activo Cangas Aventura. La Confederación denegó a Villarroel el permiso para ejercer actividades comerciales en el paraje de La Dehesa, donde tiene la sede su empresa, al considerar que esta zona es inundable. Según Villarroel, otras empresas de la zona sí han obtenido permisos, pese a que el índice de inundabilidad es el mismo que el de los terrenos de La Dehesa, situados junto a la villa de Arriondas, pero en suelo de Cangas de Onís.
Según la Confederación, las licencias que se solicitaron a partir de 2008 están afectadas por una nueva normativa europea, en la que se restringen mucho los usos permitidos en las márgenes fluviales. La Confederación lo «único» que ha hecho es «cumplir escrupulosamente la ley», señaló el portavoz que habló con este periódico.
El departamento que encabeza Jorge Marquínez aseguró que la única empresa que tiene las mismas cotas de inundabilidad que la del denunciante obtuvo la licencia en el año 2003, cuando era otro equipo de gobierno el que estaba al frente de la Confederación y cuando la normativa era diferente, por lo que «no cabe discusión posible», comentó el portavoz del departamento estatal. La normativa actual, añadió, no tiene carácter retroactivo, por lo que las empresas que solicitaron la licencia antes de 2008 están sujetas a otras medidas, menos restrictivas.
La Confederación aclaró, asimismo, que el informe sobre Cangas Aventura no es «categórico», sino «desfavorable a una petición de explotación concreta, dentro del estudio de implantación de una actividad, en relación con el plan urbanístico del municipio de Cangas de Onís». Así que el informe desfavorable en las condiciones solicitadas es porque así lo marca la ley.
Asimismo, la Confederación quiso dejar claro que el proyecto de restauración del bajo Sella, presentado en mayo, en el que se propone la finca de La Dehesa como uno de los lugares idóneos para la construcción de un embarcadero público de canoas, no está cerrado: se encuentra a información pública para que los afectados puedan presentar sugerencias.
