Llanes, Ramón DÍAZ
El consenso urbanístico en torno al futuro Plan General de Ordenación (PGO) de Llanes peligra. El PP romperá con el PSOE si esta formación, en el gobierno local, sigue «empeñada» en «legalizar todo lo anulado reiteradamente por los tribunales». No obstante, la gota que ha colmado la paciencia del PP ha sido la firma de un protocolo con la Confederación Hidrográfica del Cantábrico por el cual se han incluido cientos de fincas y parte de algunos pueblos dentro de los denominados como «corredores fluviales», lo que ha convertido ya automáticamente esas áreas en suelos no urbanizables de especial protección de aguas. El PP denunció, además, supuestas arbitrariedades en la delimitación de esos suelos no urbanizables y prometió estudiar al detalle «a quién se ha favorecido y a quién se ha perjudicado».
El PP presentó ayer una alegación al documento de prioridades del PGO en la que exige varias modificaciones en el texto, entre ellas la revisión inmediata del protocolo suscrito con la Confederación y, si se hace necesario, su «anulación fulminante», al considerarlo «intolerable» e «inaceptable».
El protocolo, que afecta a los terrenos situados cerca de los cauces fluviales, entró en vigor en el momento de su firma, el pasado 23 de febrero, lo que ha llevado al presidente del PP, Fidel Sánchez, a calificar la acción del Ayuntamiento y la Confederación de «auténtico golpe de estado» sobre «cientos y cientos de hectáreas de terrenos, que se ven ahora afectadas y lo serán en el futuro por pasar a ser suelos no urbanizables de especial protección».
Quintana, Vidiago, San Roque, Cue, Porrúa y Posada son los núcleos más afectados por el protocolo, pero «los vecinos no han podido alegar ni sugerir cuestión alguna», según el PP. «En el protocolo se menciona la posible adquisición de bienes afectados (viviendas o fincas), sin enumerar ni cuáles son susceptibles de tal proceder ni su ubicación, creando una total indefensión en los titulares», dicen los populares, que consideran que la delimitación de los terrenos decidida por el Ayuntamiento y la Confederación es «completamente arbitraria, frívola y precipitada».
Pero el protocolo hidráulico es sólo la punta del iceberg de las discrepancias urbanísticas entre el PP y el PSOE. Así, los populares muestran en su alegación su «total y absoluto desacuerdo» con el proyecto socialista para levantar un auditorio en el Sablón, en una finca actualmente de propiedad privada. El PP propone un nuevo proyecto para el auditorio y su construcción en una propiedad municipal, como la finca de Los Altares.
El PP rechaza también de plano la construcción de una ciudad del motor en La Llera, donde propone a cambio una zona logística mixta («parking» de camiones y zona industrial). El PP sugiere buscar otra ubicación para la ciudad del motor. Asimismo, los populares demandan una aclaración sobre la seguridad y garantías jurídicas del futuro PGO a raíz de la reciente sentencia judicial que declaró nulo el plan parcial de La Talá.
