El «terremoto» urbanístico preocupa

El Ayuntamiento derriba un chalé en Niembru por orden de los tribunales de justicia

El Ayuntamiento de Llanes derribó hace unos días un chalé en construcción en la localidad de Niembru. Acataba de esta manera una sentencia que llegó tras cuatro años de litigios con un particular y de continuos intentos de las autoridades locales para eludir su ejecución. Los dueños del chalé ya han presentado una declaración de responsabilidad patrimonial y, dado que ejecutaron las obras con licencia municipal, solicitarán daños y perjuicios. En la imagen de la izquierda, el chalé, antes del derribo. A la derecha, la misma zona, ayer.

Honda preocupación. Varias asociaciones del concejo de Llanes coincidieron ayer a la hora de expresar su temor por el incierto futuro urbanístico del concejo, tras el auténtico «terremoto» que ha generado la reciente sentencia del Tribunal Supremo que confirmó la anulación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), lo que deja al municipio sin normativa urbanística en vigor.

Varios colectivos exigieron que se depuren responsabilidades. Además de a los dirigentes municipales, impulsores de los planes anulados, los colectivos señalan también a los dirigentes del Principado como responsables del galimatías urbanístico en el que se está sumido el concejo. Casi todos mostraron también su pesar por las «reiteradas y continuas irregularidades urbanísticas» que padece el municipio desde hace más de dos décadas.

La Asociación de Vecinos de Celoriu «La Hoguera» considera que la anulación supone un «perjuicio muy importante para la economía de muchas familias de Llanes» y un mazazo para el «asentamiento de población». Según el presidente del colectivo, Alberto Álvarez, los responsables son «quienes nos gobiernan». Lamentó que el gobierno municipal afirme que «no pasa nada» y que se defienda esgrimiendo que «otros también cometen ilegalidades». Sobre las normas urbanísticas provisionales que el Principado planea aprobar, expresó: «Parece que serán otra tomadura de pelo para ocultar el caos urbanístico en el que nos han metido».

La Asociación «Ereba», de Nueva, reclamó un nuevo Plan General que «cumpla con los trámites indispensables», como exposición pública y participación ciudadana. El secretario del colectivo, Agustín López Rivas, lamentó que al quedar el concejo «sin instrumento de ordenación y sin planificación urbanística, todo cuanto en existe está en limbo jurídico» y por lo tanto -a pesar del mensaje tranquilizador emitido por la alcaldesa, Dolores Álvarez- «lo construido puede ser demolido, en especial lo ya denunciado, como La Talá». En cuanto a las normas provisionales, «no tienen ninguna cobertura legal». Por otro lado, sugirieron que se pidan «responsabilidades a personas con nombre y apellidos» como las que aprobaron el PGOU en la CUOTA, sin olvidar las responsabilidades municipales. «Lo único que han conseguido es transformar nuestros pueblos en cementerios de ladrillos para segundas residencias casi siempre vacías», concluyó «Ereba».

El secretario de la Asociación de Vecinos de Llames de Pría, César Alonso, comentó que la sentencia «demuestra que el Ayuntamiento ha hecho tramitaciones que no se ajustan a la ley» porque «lo único que le interesa es su propia opinión, sin dar ninguna participación a los vecinos». Con la paralización del urbanismo «se paraliza totalmente la actividad económica del municipio», argumentó Alonso, para quien eso conduce a una «situación de muy difícil la salida. Alguien debe asumir el fracaso y dimitir, evidentemente la Alcaldesa y José Balmori como máximos responsables», añadió Alonso.

En el sector turístico también se palpa la intranquilidad. El presidente de Fomento del Turismo (Fomtur), Fernando Fernández, señaló que «el objetivo número uno» de todo plan es que sea «un ejemplo de tramitación y seguridad jurídica», para lograr que Llanes tenga «la tranquilidad que hoy no tiene». Fernández espera trámites correctos a partir de ahora, porque la confianza «es básica para cualquier desarrollo o consolidación en una zona turística como la nuestra».

El presidente de la Junta Ganadera Local, Juan Antonio Ruenes, llamó a la calma para «esperar a ver cómo se resuelve» el problema, ya que «alguna solución tiene que haber». Añadió que a partir de ahora hay que «coger el camino más correcto» y «poner la confianza en que todo se arregle cuanto antes».

El presidente de la Asociación Llanisca de Restaurantes (Allares), Manuel Vega, rehusó emitir valoración alguna, al no conocer a fondo el plan anulado.