Llames de Pría (Llanes),
Bárbara MORÁN
La fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha abierto una investigación tras recibir el pasado 2 de febrero una denuncia de la Asociación de Amigos de la Naturaleza (ANA) por la poda y tala de encinas, supuestamente ilegal, en una finca privada situada junto a la desembocadura del río Guadamía, en el pueblo de Llames de Pría, en Llanes. El propietario de los terrenos ha negado rotundamente cualquier ilegalidad y aseguró que cuenta con todos los permisos en regla.
ANA señaló que el pasado mes de enero se ejecutó una «drástica» actuación de poda y tala de encinas, llegando la misma hasta la playa de Guadamía, en la finca que es propiedad de Samuel Martínez de Leceña Muñoz. ANA aseguró que desconoce los términos de la preceptiva e hipotética autorización de la Consejería de Medio Ambiente para tal actuación, pero, en caso de que hubiera permiso, lo ejecutado no estaría de acuerdo con lo establecido en el plan de manejo de la encina, ya que afectó a un centenar de ejemplares, que fueron talados. Según los conservacionistas, quedan en la zona tan sólo unas pocas decenas de encinas podadas «claramente de forma excesiva».
Los ecologistas señalan en la denuncia que los ejemplares de encinas talados eran «jóvenes, de dos a tres metros de altura y unos cinco centímetros de diámetro y que fueron «talados a ras del suelo». La actuación afectó incluso al dominio público de Costas, puesto que la poda de encinas, según los naturalistas, «llegó a la misma playa, a ejemplares mayores y hasta a árboles en la finca de otro propietario».
ANA destacó que las encinas están incluidas en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Flora del Principado de Asturias y que no puede hacerse selección de brotes ni podas supuestamente ornamentales en especies de flora catalogadas. «Además, al no haber construcciones, ni camino rodado alguno en la empinada ladera afectada, la actuación carece de justificación alguna, por lo que entendemos que no debió ser autorizada y, en caso de que lo haya sido, ni siquiera la poda y mucho menos la eliminación de ejemplares». El colectivo incide en la «alarma social» que suscita la actuación y el paisaje resultante.
El dueño del terreno defendió ayer la escrupulosa legalidad de su actuación para la que disponía del pertinente permiso de Medio Ambiente. Martínez de Leceña se mostró «sorprendido» por la denuncia, que lamentó, al considerarse «muy respetuoso» con el medio ambiente. Se defendió mostrando el permiso de poda y la resolución que la Consejería le expidió favorablemente. Martínez de Leceña solicitó el 14 de octubre de 2010 una autorización para podar encinas en su finca. El 14 de octubre el guarda del Medio Natural de la zona informó, tras visitar la finca, que estaba poblada de tojo, entre el que brotan unas 25 encinas y que el propietario pretendía eliminar tojo y podar algunas ramas de encina para mejorar su desarrollo. El permiso fue concedido por la Consejería el 2 de noviembre de 2010.
El propietario de la finca defiende que su actuación fue una poda revisada por varios guardas forestales y el Seprona. También asegura que se limitó a limpiar su finca y a podar algunas ramas de las encinas para su mejor desarrollo. Las ramas que fueron cortadas han sido tratadas y cicatrizadas y todos los desechos de las labores de poda aguardan en la finca hasta que una empresa los triture y los convierta en compost, un abono natural.
