La moda de las cámaras ocultas viene de lejos. La primera cámara espía se instaló en el Ayuntamiento de Llanes en el año 2003, durante la última etapa del hoy diputado en el Congreso Antonio Trevín como alcalde. El regidor aprovechó las obras de renovación y ampliación del edificio consistorial para instalar una primera cámara oculta, en la sede de la Policía Local. Aquel aparato fue instalado por una empresa ovetense, junto con las dos que se colocaron a la vista, una en la entrada principal y otra en el acceso a la sede policial. El acceso a las imágenes de la cámara instalada en la oficina de la Policía Local se realizaba desde un único ordenador, situado en la Alcaldía.
La inauguración oficial del renovado edificio consistorial, el 2 de junio de 2003, fue también el punto de arranque de la vigilancia mediante una cámara clandestina de la Policía Local, un cuerpo con el que Trevín mantuvo durante años fuertes enfrentamientos e intensos debates. Varios policías locales han manifestado en los últimos días su convicción de que sus conversaciones podían haber sido grabadas desde hacía tiempo. Sin embargo, el instalador resaltó en 2003 en varias ocasiones a Trevín que la grabación de audio estaba estrictamente prohibida por la legislación vigente. En teoría, la cámara instalada en la sede policial sólo registraba vídeo, nunca audio.
La cámara espía que la Policía Local halló hace unos días en el marco de una puerta no es la misma que se instaló en 2003. De hecho, esa cámara, junto con varias más, fue renovada hace unas semanas, a la vez que los aparatos instalados en la vía pública en la villa llanisca. El nuevo modelo, MC221J, sólo transmite audio, aunque su conexión BNC deja la puerta abierta a la incorporación de un micrófono adicional.
A la cámara espía instalada en la sede de la Policía Local siguieron con el tiempo varias más. Así, hace unos años -entre siete y ocho, según algunas fuentes- otra empresa del sector instaló varias cámaras ocultas en la oficina de Urbanismo. Según esas mismas fuentes, se habría registrado entonces la desaparición de algunos documentos, posiblemente a causa de un hurto, lo que llevó a las autoridades locales a colocar cámaras ocultas para tratar de esclarecer lo ocurrido y comprobar si había más robos.
La decisión de renovar las cámaras por nuevos modelos llegó cuando, hace unos dos meses, se registró de nuevo el robo de documentos en la oficina de Urbanismo. El hecho, que fue denunciado ante la Guardia Civil, llevó a las autoridades llaniscas a decidir la renovación de los aparatos, que podrían llevar algún tiempo sin funcionar, con la idea de hallar al culpable de la sustracción de los documentos.
Las cámaras ocultas instaladas en la oficina de Urbanismo cuatro, en total) son de la marca Monacor; en concreto, el modelo TVCCD-28PCOL, que «vía un micrófono instalado proporciona adicionalmente una señal de audio», según se indica en las especificaciones oficiales del producto.
La instalación de cámaras espía en el Ayuntamiento de Llanes ha provocado la presentación de una denuncia por parte de la Unión de Sindicatos Independientes del Principado de Asturias (USIPA), por un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos. Según el abogado del sindicato, Manuel Gómez Mendoza, los trabajadores deberían haber sido informados de la colocación de los aparatos y debería existir un responsable del fichero de imágenes. En este sentido, en el cartel que señala que es una «zona videovigilada», colocado en la puerta de entrada a la sede de la Policía Local, se indica, como exige la legislación, que las grabaciones están supeditadas a la ley orgánica de Protección de Datos y que los ciudadanos pueden ejercitar sus derechos en torno a las imágenes «ante la dirección de esta empresa», en referencia a una empresa de tecnologías de la información especializada en soluciones a medida, con oficinas en Oviedo, Santander y Madrid.
Los tres grupos de la oposición municipal, no adscritos, PP y Foro, han presentado escritos en el Ayuntamiento en los que reclaman explicaciones sobre las cámaras espía y documentación referente a los permisos solicitados para su instalación, los acuerdos que posibilitaron su compra y las facturas correspondientes.
Tras las peticiones de Foro y los concejales no adscritos, el PP presentó una batería con catorce preguntas, entre las que figuran las referidas al nombre de la persona o personas que «custodian las grabaciones efectuadas y dónde se encuentran depositadas las cintas grabadas» o porqué «no se ha comunicado a la Corporación el robo de archivos o documentos municipales». El PP también pregunta quién ordenó la instalación de las cámaras ocultas y porqué se ocultó su colocación a la Corporación.
