Faltan dos días para que comience la mudanza que permitirá convertir los 11 módulos portátiles situados en el patio del Instituto Rey Pelayo de Cangas de Onís en aulas. La empresa encargada de la instalación de los mismos trabaja hoy a destajo para entregar el lunes a tiempo las llaves de las construcciones prefabricadas al equipo directivo. La caseta de los obreros y las vallas de seguridad de la obra ya han sido retiradas y se ultiman los detalles de conexión eléctrica.

El lunes, a partir de las diez de la mañana, comenzará a trabajar una empresa especializada en mudanza bajo la supervisión del equipo directivo. Será entonces cuando se conozca el interior de las instalaciones, con unas dimensiones aproximadas de 40 metros cuadrados y con capacidad de hasta 30 alumnos cada una. En ellas se realojará a los 200 alumnos que recibían clase en un edificio del instituto que presenta graves daños estructurales. Además del día 5, la empresa de mudanza cuenta sólo con el miércoles 7 para desarrollar sus trabajos, puesto que el día 6 es festivo y está previsto que el próximo 8 de enero se estrenen las aulas coincidiendo con la reanudación de las clases tras las vacaciones de Navidad.

Diez módulos serán acondicionados como aulas y uno más como laboratorio. Además habrá cuatro baños, dos para profesores y dos para alumnos, separados por sexos.

Está previsto que las aulas portátiles permanezcan en funcionamiento, al menos, durante dos cursos. La Consejería de Educación y Cultura adjudicó en 120.000 euros a una empresa privada la instalación y retirada de los módulos, así como su alquiler durante este periodo de tiempo.

Cuando se reubique a los alumnos que recibían clase en el inmueble en mal estado, las aulas del antiguo edificio de Formación Profesional (FP) ahora ocupadas por estos serán aprovechadas como biblioteca, aula de informática y audiovisuales, y como despachos. Volverán a impartirse, además, clases de refuerzo, suspendidas durante el primer cuatrimestre.

En cuanto al edificio en mal estado, todo indica que la demolición, que será sostenible, se acometerá en el segundo semestre de este año aunque aún resta una larga tramitación administrativa, pues requiere la elaboración de un proyecto que ha de ser convocado, licitado y adjudicado.

El edificio escolar que debe demolerse -de 2.900 metros cuadrados de superficie- es una construcción de los años sesenta del siglo pasado, que presenta deficiencias estructurales en más del 80 por ciento. La demolición se hará por partes para separar la carpintería metálica, los suelos de hormigón y la madera, con el objetivo de darle otro uso al material, en la medida de lo posible.