"El 'caso Kaype' es idéntico al 'caso Pacoli', únicamente cabe el derribo. No hay otra salida, ni la puede haber", señaló el abogado ovetense Gerardo de la Iglesia, experto en Urbanismo y representante legal de Ignacio Fernández, el vecino de Barru que recurrió las licencias otorgadas por el Ayuntamiento de Llanes para reformar y ampliar el hotel Kaype, situado en primera línea de playa.
Según Gerardo de la Iglesia, la pretensión de la propiedad de impulsar ahora una unidad de actuación para legalizar el edificio, casi finalizado y paralizado por los jueces, "jurídicamente no se tiene en pie". En su opinión, al nuevo edificio del Kaype le sucederá "lo mismo" que al de Pacoli, en Colunga, pendiente de derribo, tras fracasar todos los intentos de la propiedad y del Ayuntamiento para legalizarlo. "En los tribunales las cosas pueden tardar, pero al final todo llega. Y al Kaype también le llegará, porque es imposible legalizarlo", auguró.
El letrado aseguró que la legislación española es meridianamente clara e impide sortear las sentencias judiciales con subterfugios: "los actos contrarios a las sentencias son nulos de pleno derecho", destacó. Añadió que los concejales llaniscos deben tener "cuidado" en sus votaciones plenarias en torno al "caso Kaype", porque "incurren en responsabilidad personal todos aquellos que voten actos contrarios al ordenamiento jurídico", dijo. Los tribunales han anulado las licencias municipales concedidas para reformar y ampliar el Kaype.
