El cuatripartito de Llanes ha solicitado a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) que dilucide si es o no legal seguir construyendo en La Talá, una zona de la capital del concejo cuyo plan parcial ha sido anulado por el Tribunal Supremo, lo mismo que el plan general que lo sustentaba.
¿A qué se deben las dudas del equipo de gobierno llanisco en torno a La Talá? A la existencia de tres informes contradictorios entre sí. De un lado, la arquitecta municipal y el TAG de Urbanismo han emitido sendos informes en los que opinan que nada impide seguir construyendo en La Talá, al considerar que esa zona está dentro de la "malla urbana" de la capital llanisca, y por lo tanto puede considerarse suelo urbano, en el que las competencias son en exclusiva del Ayuntamiento. Pero existe un tercer informe, emitido por el abogado consistorial, Avelino Cimadevilla, que subraya la anulación de todos los planes con los que se pretendió sustentar el desarrollo urbanístico de La Talá. Así las cosas el letrado concluye que en La Talá no se puede construir, y que únicamente caben las tareas de higiene, mantenimiento y ornato de lo ya existente, al menos, hasta que un futuro planeamiento indique lo contrario.
La existencia de estas dos visiones opuestas ha llevado al cuatripartito, que integran Foro, Vecinos X Llanes, PP e IU, a enviar a la CUOTA el expediente completo iniciado tras solicitar un particular condiciones de edificabilidad para construir en tres parcelas de La Talá.
La Agrupación de Vecinos y Amigos de Llanes (AVALL), que logró la anulación del plan de La Talá y de los planeamientos impulsados por los gobiernos socialistas, ya ha advertido que nada de lo que se decida servirá, puesto que no se le ha dado trámite de audiencia, pese a ser parte interesada e implicada en el expediente. AVALL ha solicitado, de un lado, que se informe negativamente la solicitud de condiciones de edificación en La Talá, y de otro, la apertura de un expediente disciplinario al secretario municipal, Santiago Fernández Molpeceres, al considerarlo presuntamente responsable de varias faltas -obediencia debida a los superiores, intervención en un expediente administrativo en que podrían darse causas de abstención y emisión de informes y adopción de acuerdos ilegales- al haber emitido un escrito en el que rechazó una solicitud de AVALL en torno a La Talá sin orden ni autorización de las autoridades municipales. AVALL califica el escrito del secretario de "exabrupto jurídico".
