A la estación de telefonía de La Isla, en Colunga, le crecen los enanos. Si primero fueron los ecologistas quienes llevaron la instalación ante la Fiscalía y luego el Principado la calificó de "infracción urbanística grave", un tubo colocado cuando se hizo la obra ha despertado la alarma entre los vecinos.

Se trata de una tubería metálica que, cuando se enciende la estufa de La Escuelina -el edificio junto al que se colocó la antena- alcanza una temperatura superior a cien grados. Los usuarios del equipamiento dieron parte a la Policía Local del riesgo que entraña, pues está "en plena calle" y si un niño que pasara camino del parque contiguo la tocara el daño sería inimaginable. La semana pasada volvieron a dar aviso a los agentes locales, quienes explicaron que sin orden del Ayuntamiento no podían colocar la protección requerida por los vecinos. Los demandantes insisten en que las autoridades municipales deben "tomarse en serio" el asunto y esperan que no tenga que quemarse alguien para que adopten medidas al respecto.

En la localidad no olvidan la promesa del alcalde, el socialista Rogelio Pando, quien el 29 de abril pasado aseguró: "si los vecinos de La Isla lo piden, quitaremos la antena del centro social". Más de ochenta vecinos y veraneantes recogieron aquel guante y presentaron, el 12 de mayo, otras tantas firmas solicitando la retirada de la instalación. Ahora se preguntan "cómo es que no cumplió con la palabra" y se manifiestan "totalmente contrariados" porque, dicen, "no se puede confiar" en el regidor.

La Coordinadora Ecoloxista d'Asturies desveló el pasado 10 de enero que la Fiscalía de Asturias ha presentado una denuncia penal contra el alcalde y la concejala de Urbanismo de Colunga, Patricia Vega, por la instalación de la antena. La estación telefónica fue denunciada por la Coordinadora tras conocer que el regidor cometió una presunta irregularidad urbanística al conceder la licencia para instalarla. Los ecologistas remarcaron que la decisión de la Fiscalía surgió "al comprobar que hay un delito urbanístico y penado". Destacaron, además, que Pando y Vega autorizaron la instalación "contra los informes técnicos municipales", sin atender sus alegaciones y "en una demostración más de falta de rigor urbanístico del Ayuntamiento". A su juicio, esto supone "un evidente delito penal, al haber ambos cargos decidido vulnerar la legalidad urbanística a sabiendas". La polémica antena se colocó a finales de febrero del año pasado. El equipo de gobierno local concedió la licencia a pesar de que un mes antes el arquitecto que presta servicio al Ayuntamiento había firmado un informe desfavorable a la instalación del equipamiento.