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La propiedad del hotel Kaype pide a Llanes 15,6 millones de indemnización por el derribo

La empresa se basa en la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento tras la anulación judicial de la licencia que otorgó el anterior gobierno del PSOE

25.02.2016 | 12:42
El nuevo edificio del hotel Kaype en Barro.

Los propietarios del hotel Kaype, en la localidad de Barro, reclaman al Ayuntamiento de Llanes una indemnización de 15,6 millones de euros en concepto de responsabilidad patrimonial por la anulación judicial de la licencia que concedió el anterior equipo de gobierno, del PSOE, para ampliar el establecimiento. Así lo anunció ayer el actual ejecutivo local, con el cuatripartito al frente (Vecinos x Llanes, PP, Foro Asturias e IU), que rechazó hacer declaraciones hasta mañana, tras estudiar el caso.

La entidad mercantil Carrera y Pérez S. L. presentó a última hora de la mañana del viernes en el registro oficial del Ayuntamiento llanisco el escrito en el que figura la exigencia de los 15,6 millones, cantidad a la que hay que añadir los intereses legales y otros gastos derivados de la demolición que ha ordenado el juez. La cifra es muy superior a la esperada por el actual equipo de gobierno, que a mediados de diciembre alertó de la quiebra económica que podría suponer una indemnización que entonces calculaban entre los siete y los diez millones de euros. La propiedad exige más de quince, pero será finalmente el juez quien decida en qué medida el Ayuntamiento tendrá que compensar a los propietarios por haberles concedido una licencia que finalmente ha sido anulada.

El último varapalo llegó a finales de 2015, cuando la juez Pilar Martínez Ceyanes, titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Oviedo, ordenó la demolición del nuevo edificio del hotel situado en primera línea de la playa de Barro. El auto descartó la posibilidad de que el edificio fuera legalizado, una petición que había hecho el Ayuntamiento llanisco a comienzos de octubre. El Consistorio argumentó en su escrito que el edificio quizá podría ser legalizado al haber solicitado la propiedad la delimitación de una unidad de ejecución. La juez lo rechazó y limitó las opciones una sola: "Restaurar la legalidad urbanística infringida por una edificación que ha devenido en ilegal al carecer de la necesaria licencia".

La magistrada desgranó los motivos de la negativa: al carecer Llanes de un plan general (los tres anteriores fueron anulados por los tribunales) no es posible delimitar "una unidad de actuación que pueda desembocar en la legalización de la edificación". El auto que ordena el derribo es demoledor también en la forma de expresión, pues exige la "completa ejecución" de la sentencia que anuló la licencia del Kaype "en los exactos términos acordados en la misma y, por lo tanto, con la demolición de las obras amparadas en la licencia anulada". Las reacciones a esta decisión judicial no se hicieron esperar. El actual regidor llanisco, Enrique Riestra, de Vecinos x Llanes, declaró al conocerse el auto que el "caso Kaype" es "la herencia que el PSOE ha dejado a todos los llaniscos". Fue entonces cuando el Alcalde calculó la indemnización en siete millones, una cantidad que ya preveía va a dejar "más cerca la posible quiebra total del Ayuntamiento".

El equipo de gobierno anunció que se personará en el procedimiento judicial después de saber que la exalcaldesa socialista Dolores Álvarez Campillo y el que fue su concejal de Urbanismo, José Herrero, serán citados a declarar en calidad de investigados.

Este último firmó la polémica licencia y por ello asumió, en declaraciones a este periódico, su "responsabilidad política", pero advirtió de la "delgada línea que está entre la responsabilidad política y la técnica". En este sentido remarcó que concedió ese permiso "en base a unos informes técnicos y jurídicos favorables. Si posteriormente con los distintos avatares se demuestra que estos informes no estaban bien realizados, es otra cuestión y cada uno tendrá que asumir su responsabilidad, no descarto la mía", añadió. Tres funcionarios municipales, el exarquitecto municipal y el titular del estudio que elaboró el proyecto de ampliación también declararán.

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