El alcalde de Llanes, Enrique Riestra pidió ayer que se deje "trabajar a los jueces" que investigan el "caso Kaype". El regidor destacó que son los magistrados quienes deben determinar si se produjeron ilícitos penales y en caso afirmativo cuáles fueron y por parte de qué personas, durante la tramitación de la ampliación del hotel Kaype, situado en primera línea de la playa de Barru.
El Alcalde realizó esta petición horas después de que el Ayuntamiento de Llanes solicitara personarse en el proceso penal del "caso Kaype". Lo hizo mediante un escrito presentado en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Llanes, tras una resolución del alcalde en la que se señala que el Ayuntamiento ejercerá las acciones penales y civiles oportunas "en defensa de los intereses municipales" en las diligencias previas abiertas para dilucidar si se cometieron delitos durante la tramitación administrativa del proyecto de ampliación del hotel Kaype. Una tramitación protagonizada por el anterior gobierno municipal, del PSOE, que provocó la concesión de dos licencias municipales que fueron anuladas por los tribunales.
Las obras del hotel Kaype permanecen paralizadas por orden judicial desde octubre de 2014, a instancias del Gobierno del Principado. La propiedad, Carrera y Pérez S. L. ha solicitado una indemnización de 15,6 millones por daños y perjuicios.
En las próximas semanas tendrán que declarar ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) en calidad de investigados en la causa penal la anterior alcaldesa y actual diputada autonómica, Dolores Álvarez; el exconcejal de Urbanismo y portavoz del Grupo Socialista, José Manuel Herrero; el exarquitecto municipal, A. R. N.; el secretario del Ayuntamiento, S. F. M.; el técnico de Urbanismo I. V. F.; la arquitecta A. L. y el titular del estudio de arquitectura que diseñó la ampliación del hotel, I. T.
El equipo de gobierno de Llanes aguarda asimismo el auto del TSJA que cerrará otra vía del "caso Kaype", la del contencioso administrativo. El alto tribunal debe decidir si ratifica o enmienda el auto de una jueza ovetense que instó al Ayuntamiento a ordenar la demolición de la ampliación del Kaype antes de un mes, a la vez que anunciaba la imposición de multas coercitivas a las autoridades municipales si incumplían la orden de ejecutar las sentencias que anularon las dos licencias para ampliar el Kaype.
De otro lado, el gobierno llanisco, atendiendo el consejo del abogado consistorial, Avelino Cimadevilla, ha contratado a un abogado experto en Urbanismo, Carlos Javier Álvarez Gonzalvo, quien presentó la mejor oferta en el proceso de licitación abierto por el Ayuntamiento. Riestra, de Vecinos x Llanes, destacó que frente al "elevado gasto jurídico" registrado en los anteriores mandatos, la contratación de este abogado se realizó "a precio tasado", sobre la base de los criterios establecidos por el Colegio de Abogados de Asturias y a la baja.
