El Gobierno del Principado considera desmesurada la indemnización de 15,6 millones de euros que reclaman los propietarios del hotel Kaype, situado en primera línea de la playa de Barru (Llanes), por la anulación de la licencia y la paralización de la obra desde octubre de 2014, en ambos casos por orden judicial.
Belén Fernández, consejera de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, recordó ayer que la obra fue valorada en 5,2 millones cuando se solicitó la licencia de obras, por lo a su juicio las "pretensiones" de la empresa propietaria del hotel, Carrera y Pérez S. L., "parece que son más que exorbitantes".
La Consejera compareció en el Parlamento autonómico para contestar una pregunta urgente de la diputada de Podemos Asturies Paula Valero sobre qué actuaciones realizó la Consejería para comprobar el ajuste de la licencia de ampliación del Kaype al ordenamiento jurídico vigente.
Fernández reveló que el Ayuntamiento informó al Principado de la concesión de la licencia en marzo de 2013, (el permiso fue concedido el 25 de febrero de ese año), pero que su departamento se tomó un tiempo antes de actuar, para evitar cualquier "ligereza" o "precipitación" y evitar posibles "responsabilidades patrimoniales". Añadió que el expediente del "caso Kaype" suma más de 1.000 folios y que se esperó a que concluyera la vía administrativa para actuar. No obstante, subrayó que fue el Principado el "único que se atrevió" a solicitar a la juez tanto la nulidad de la licencia municipal de obras como la paralización de los trabajos.
Fernández recordó al Gobierno de Llanes que no siempre que se anula una licencia hay responsabilidad patrimonial y emplazó a las autoridades locales a realizar "una buena defensa" en los tribunales para que la reclamación por daños y perjuicios de los dueños del Kaype "no prospere".
La Consejera afeó a Podemos que reclame la dimisión de cargos investigados de otros partidos, como el de la exalcaldesa de Llanes y ahora diputada Dolores Álvarez Campillo por el "caso Kaype", porque "aplica la ley del embudo", pues ""predica y critica a los demás, pero no lo aplica en sus propias filas". Según Fernández, en la propia Junta General y en otros parlamentos hay diputados de Podemos "imputados y hasta condenados". Contra la "demagogia" de Podemos, la Consejera pidió "seriedad".
Paula Valero acusó a los socialistas de actuar como "aliados" del PP para traer al Cantábrico "la especulación urbanística", la "privatización del litoral" y la "burbuja inmobiliaria". Calificó de "impresentable" la actuación del anterior gobierno llanisco, del PSOE, al conceder la licencia para ampliar el Kaype, que acarreó "consecuencias funestas para el paisaje litoral". Y exigió la restauración de ese tramo de costa "ilegalmente urbanizado".
