El TSJA ha rechazado el recurso de súplica del Ayuntamiento de Ponga y ha ratificado la nulidad del despido de la trabajadora del telecentro local, con lo que deberá ser readmitida. Una decisión que debería llevar a la alcaldesa socialista, Marta Alonso, a abonar de su propio bolsillo las consecuencias. Al menos eso defiende el concejal de Foro, Ángel Collado, quien anunció la intención de su partido de iniciar acciones legales frente a la regidora por "emplear recursos públicos en acometer sus venganzas y fobias personales". "No entendemos que durante la sustanciación del recurso de súplica interpuesto por el Ayuntamiento, el cual no tenía visos de prosperar, la trabajadora tuviese que mantenerse sin trabajar, a pesar de seguir cobrando", dijo.
La trabajadora del telecentro habría comenzado a prestar sus servicios en el telecentro en abril de 2014, con jornada partida. Con la llegada del nuevo gobierno (PSOE-PP), se le requirió un horario continuado (14.00 a 21.00 horas) que rechazó por motivos de conciliación familiar, al formar una familia monoparental con una hija a su cargo. Entonces, según su versión, habría comenzado un supuesto acoso con acusaciones inciertas sobre que no cumplía sus deberes laborales.
La gota que colmó el vaso habría sido cuando la trabajadora solicitó 21 días de vacaciones para cuidar de su hija enferma y el consistorio pongueto le respondió alegando que el Convenio Colectivo del Ayuntamiento no le era aplicable (sería el de Actividades no Regladas), por lo que, como máximo, disfrutaría de 17 días, motivo que llevó a la trabajadora a tomar acciones legales. La demanda fue parcialmente estimada. A finales del año pasado y alegando el mal funcionamiento de los equipos informáticos, el consistorio anunció el cierre del telecentro y le comunicó el despido.
La defensa de la mujer alegó que ni el informe técnico de la empresa encargada de revisar los equipos informáticos justificaba el cierre del centro, pues los ordenadores podrían actualizarse en un corto espacio de tiempo. La sentencia reafirma su derecho a cobrar por los últimos meses que estuvo en casa sin trabajar y obligaría al Ayuntamiento a la readmisión de la empleada.
