El derribo de todo lo construido ilegalmente en el hotel Kaype, situado en primera línea de la playa de Barru (Llanes), tiene que comenzar antes de diez días. No caben más aplazamientos, según ha indicado la jueza del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 2 de Oviedo, Pilar Martínez Ceyanes. Las tareas de demolición se prolongarán durante seis meses, según el proyecto presentado por la propiedad, Carrera y Pérez S. L. El derribo tiene su origen en la anulación, hace dos años, de las licencias municipales que sustentaron la ampliación del hotel, tras recurrirlas un vecino de la localidad, Ignacio Fernández. Las obras fueron declaradas ilegales por haberse agrupado suelos con diferentes calificaciones urbanísticas y por haberse permitido más edificabilidad de la máxima que señala la ley.
La magistrada ha rechazado tanto el incidente de imposibilidad legal de ejecución de la sentencia de derribo, presentado por el Ayuntamiento de Llanes, como la posibilidad de legalizar una parte de lo construido, como había pedido la propiedad. Tampoco ha admitido un nuevo aplazamiento de la demolición, solicitado por Carrera y Pérez S. L.
El Ayuntamiento tiene ahora diez días para ordenar a la propiedad que inicie las tareas de demolición, pues aunque todavía cabe presentar antes de 15 días un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), tal acción no suspende la ejecución del derribo.
La jueza Martínez Ceyanes rechaza la posibilidad de legalizar una pequeña parte de lo construido, al considerar que, dado que las dos licencias municipales que posibilitaron desarrollar el proyecto (la de obras y la de agrupación de varias fincas) fueron anuladas, debe demolerse todo lo construido a su amparo. Esto es, el hotel debe volver al estado que presentaba antes de iniciada la obra, el 11 de febrero de 2013.
La propiedad, por sugerencia del Ayuntamiento de Llanes, reclamó en el Juzgado la legalización de lo construido sobre una de las parcelas del Kaype, la única calificada como suelo urbano consolidado. A ello se opuso el vecino de Barru recurrente, alegando que el Ayuntamiento pretendía con esta acción "eludir la sentencia" de derribo. La jueza aclara que la legalización parcial de la ampliación del Kaype, en todo caso, tendría haber sido promovida por el Ayuntamiento, no por la propiedad. Menos aún a la vista de que Carrera y Pérez S. L. ni siquiera cuenta con licencia municipal de legalización.
