La condena a siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público como autores de un delito de prevaricación administrativa contra los exediles socialistas Esther Bustillo y Emilio Carrera, por fraccionar un contrato para reformar el vestuario masculino y renovar la cubierta del campo de golf municipal, posibilitando que fuera adjudicado "a dedo" a una empresa local, ha sido calificada como "esperada" por varios miembros del actual gobierno cuatripartito. El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento y actual secretario general de los socialistas llaniscos, José Herrero, evitó valorar la sentencia hasta que no sea definitiva. "Existe la posibilidad de recurrir. Queremos ser respetuosos hasta que el procedimiento se dé por concluido", dijo.

El Alcalde de Llanes, Enrique Riestra Rozas (VxLl), aseguró que la condena "ayuda a dignificar la política llanisca". Para Riestra "los ciudadanos, con este tipo de decisiones judiciales, tienen capacidad para unir una serie de hechos. La empresa que se ha beneficiado del fraccionamiento de los contratos pertenece al presidente de la asociación de constructores de Llanes, un hombre muy crítico con la labor de este equipo gobierno. La sentencia habla por sí misma y dice que era conocido de uno de los condenados. Es una persona que ha ocupado cargos en la ejecutiva del PSOE de Llanes y es militante", dijo.

Para el portavoz de IU en el Ayuntamiento, Javier Ardines, "no deja de ser sorprendente que exista una condena por fraccionar un contrato de 70.000 euros y que en un tema tan sangrante como el del caso Kaype, donde puede haber indemnizaciones millonarias, nadie tenga culpa de nada. Es difícil de entender la doble vara de medir de la justicia", dijo. Marián García de Llana, vicealcaldesa y portavoz de Foro en el Ayuntamiento, se limitó a decir que "las decisiones judiciales están para ser acatadas", y manifestó que lo ocurrido "no es una buena noticia para Llanes".

Para el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Llanes, Juan Carlos Armas, la decisión judicial "era esperada". Sostiene que lo ocurrido "no es un hecho aislado. Este tipo de procedimientos eran habituales durante los gobiernos del PSOE". Para el popular es "extraño" que "los servicios jurídicos y técnicos del Ayuntamiento no se percatasen de que los expedientes de contratación de ambos contratos no eran correctos".