La ley del silencio impera en los pasillos de la Unidad de Primera Acogida (UPA) de la avenida Pedro Masaveu desde hace tres días. El motivo es doble. Por un lado, los trabajadores están obligados a mantener en secreto los detalles del último episodio violento protagonizado por dos menores de 13 y 17 años. El otro es que apenas hay internos. El conocido como centro Materno Infantil del Parque de Invierno recibe pocos adolescentes de 12 a 18 años. De las dieciséis plazas disponibles, hoy sólo dos están ocupadas. En realidad, el martes hubo tres bajas. La pareja violenta fue trasladada a un centro con medidas de contención después de que la dirección del Materno los denunciara por vandalismo y agresión. Un tercero, de 16 años, se escapó durante los altercados, y otra menor se había fugado semanas atrás, en cuanto puso el pie en la unidad. "Nos sentimos impotentes porque no podemos evitar que los chavales se marchen a diario a menos que llamemos a la Policía Nacional, pero cuando los agentes llegan suele ser bastante tarde". Lo cuenta un empleado de la UPA de Pedro Masaveu que, como todos, prefiere ocultar su identidad "porque son temas delicados y algunos críos son muy salvajes".
Las más de 24 horas de furia adolescente ininterrumpida que se vivieron a comienzos de semana en el corazón del Parque de Invierno hicieron mella en los educadores, auxiliares, maestra, coordinadores, operarios de limpieza y personal de seguridad del Materno. Acostumbrados a lidiar un día sí y otro también con los problemas de un centro de acogida, se vieron sobrepasados por las circunstancias. Los cabecillas del grupo de chavales arrancaron las patas de las mesas y las sillas para amenazar a los trabajadores y poder salir, y una vez fuera, tiraron piedras contra las ventanas del hogar temporal, en el que viven un máximo de 45 días.
La normativa establece que las puertas de las Unidades de Primera Acogida estén abiertas y vigiladas por personal de seguridad. La situación es distinta en los centros de internamiento, como el de Sograndio, en el que los chicos ingresan por orden de la Fiscalía de Menores o el Juzgado. "No es un problema de falta de personal, quizás lo es de seguridad al ser extremadamente complicado contener a algunos chavales. No se nos puede olvidar que están bajo la tutela del Principado", comenta un trabajador, que asegura que el último año fue tranquilo "porque no ocurrieron incidentes destacados".
El Principado extremará las medidas de seguridad y la vigilancia de la Unidad de Primera Acogida (UPA) situada en el Parque de Invierno y que depende de la Consejería de Bienestar Social. Así lo aseguró ayer el portavoz del Gobierno regional, Guillermo Martínez, tras la celebración del Consejo de Gobierno.
El Materno Infantil ha dejado de acoger a menores de origen magrebí desde el 1 de julio. Bienestar Social ha sacado a concurso la apertura de otra UPA en el Fundoma (Fundación Docente de Mineros Asturianos), en la falda del Naranco, que -en un principio- recibirá a los niños y adolescentes extranjeros en una instalación con capacidad de 14 plazas para chicos de 3 a 17 años. Por tanto, los dos menores denunciados por la dirección de la unidad del Parque de Invierno son asturianos o hijos de extranjeros residentes en la región. El centro de la avenida Pedro Masaveu también acoge a niños hasta tres años y tiene una capacidad de 48 plazas. En la actualidad una veintena de bebés reciben los cuidados de personal especializado.
La última jornada de terror empezó en el desayuno, cuando los niños y adolescentes se dedicaron a dar patadas a las puertas de las habitaciones; forzar cerraduras; romper persianas, armarios y macetas; tirar los colchones y las mesitas de noche por las ventanas; escupir a los vigilantes; e insultar e a los viandantes del Parque de Invierno. Volvieron al Materno para comer, se escaparon de nuevo, pasaron la noche a la intemperie, y acabaron en el furgón policial por la mañana, camino de un nuevo centro.
Los archivos de la Policía Nacional están plagados de atestados sobre el Materno Infantil, e incluso los agentes que suelen patrullar por las calles de Oviedo tienen un amplio álbum fotográfico con las caras de los menores más problemáticos. En 2010, el CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios) denunció una agresión reiterada a una de sus trabajadoras en la calle, cuando acompañaba a un menor hasta un medio de transporte. El adolescente intentó desembarazarse de la educadora a golpes y empujones, trató de robarle el bolso y la amenazó de muerte.
En 2012, la plantilla de la UPA denunció ser víctima de agresiones constantes por parte de los menores, después de que un empleado recibiese un mordisco en una mano, arañazos y patadas que le provocaron un esguince.
Tres trabajadores del turno de noche causaron baja durante una semana en enero del año pasado por sufrir las lesiones y amenazas de dos chavales.
Para los expertos en violencia juvenil, el consumo de drogas -sobre todo disolvente y alcohol- y las carencias económicas son la raíz del problema. De hecho, algunos menores prefieren ir al centro de Sograndio porque reciben una paga de 400 euros.
