Al Ayuntamiento de Oviedo puede salirle muy caro -más del triple que Villa Magdalena- el palacio de Congresos de Santiago Calatrava en Buenavista. El nuevo gobierno municipal se ha encontrado sobre la mesa una cuantiosa demanda por 96 millones de euros -casi la mitad del presupuesto anual de la ciudad, que es de unos 207 millones- presentada en los juzgados por los administradores concursales de la sociedad Jovellanos XXI y el Banco Santander, uno de los principales acreedores de la sociedad, que ha entrado en liquidación. Reclaman que se anule la extinción del contrato de la explotación por parte de la mercantil del Palacio de Congresos y justifican la cifra en el hecho de que un informe técnico municipal valoró el edificio en 96 millones de euros cuando lo recepcionó en el año 2011.
Ante este panorama, al tripartito formado por el PSOE, Somos e IU le toca hacer ahora de "abogado del diablo" para evitar a los ovetenses el pago de esta cifra monumental. Fuentes consultadas en el gobierno tripartito han explicado que los abogados consistoriales están preparando un escrito de defensa encaminado a "no pagar ni un euro más" por el edificio de Santiago Calatrava. "El Ayuntamiento va a responder de forma contundente para no pagarles nada", explicaron las mismas fuentes del gobierno municipal. Aunque no han trascendido los detalles, para no dar pistas a la parte contraria, el Ayuntamiento argumentará que Jovellanos XXI ya ha recibido de la administración local un pago en especie: el suelo, el subsuelo, el aparcamiento y un aumento de la volumetría.
Desde el equipo de gobierno aseguran que la operación, desde el inicio, estaba "perfectamente diseñada" para propiciar un rescate con dinero público "de un equipamiento en absoluto demandado por nadie e innecesario" que ahora resulta "imposible llenar de contenido". No obstante, el Ayuntamiento "toreará" con esta demanda "por el bien de los intereses públicos".
Al margen de esta demanda, el juzgado de instrucción número 3 de Oviedo acordó antes del verano la apertura de diligencias en torno a la denominada "Operación de los Palacios", al apreciar indicios de un delito de tráfico de influencias contra la administración pública. El auto, dictado el pasado 4 de mayo, se apoya en una denuncia presentada por la Fiscalía contra esta operación urbanística impulsada por el Ayuntamiento de Oviedo y el Principado de Asturias durante los gobiernos de Gabino de Lorenzo (PP) y Vicente Álvarez Areces (PSOE). El Ministerio Público advertía de la existencia de este delito en el contrato del proyecto, al no garantizar los principios de transparencia e igualdad de la contratación pública.
Las diligencias incoadas incluyen los contratos suscritos entre la empresa Jovellanos XXI y Santiago Calatrava para llevar a cabo la operación, que contemplaba la construcción de sendos equipamientos en las parcelas que ocupaban el antiguo estadio Carlos Tartiere y la derruida estación ferroviaria de El Vasco. La jueza reclama también los acuerdos municipales para adquirir por 3,6 millones a la sociedad Cinturón Verde esta última parcela, destinada inicialmente a albergar el Palacio de las Artes, así como la escritura pública por la que adjudicó a Jovellanos XXI, como única licitadora, dichos terrenos, ya de propiedad municipal.
Paralelamente, el Juzgado de Instrucción investigó una denuncia formulada por el comité de empresa de Sedes sobre la compraventa de las dependencias del Palacio de Congresos en la que se ubican las dependencias de varias Consejerías del Principado. Pero el juez decidió archivar la demanda a finales del pasado mes de julio.
La denuncia que aún sigue "viva" es la que llegó a la Fiscalía después de que IU le remitiera las conclusiones de la comisión de investigación que se desarrolló en el Ayuntamiento sobre esta operación urbanística. Una iniciativa que apoyó más adelante el Grupo municipal Socialista en la Fiscalía con un informe propio de sus abogados.
