El tripartito local (Somos, PSOE e IU) tiene el ojo puesto desde hace días en el juzgado contencioso administrativo de Oviedo, al caer como está la sentencia del "Calatrava", un caso que engloba la construcción del Palacio de Congresos de Buenavista y el desarrollo de la parcela del Vasco y que es formalmente conocido como la "operación de los Palacios". En el gobierno local hay "malas sensaciones" respecto al inminente fallo del juez, que puede abocar al Ayuntamiento a un pago de hasta 96 millones de euros, que es la cifra de la que siempre se ha valido el tripartito para referirse a "otra de las grandes herencias" del PP. Sin embargo, según aseguran fuentes judiciales, los tres socios ya manejan una primera estimación de lo que, realmente, podrá tener que pagar el Ayuntamiento tras la sentencia que viene: "entre 40 y 50 millones de euros".
Aunque en el seno del Ayuntamiento ya se asume esta cantidad y los contactos municipales en el juzgado la respaldan, nadie en el tripartito acepta hablar abiertamente y de forma pública de esta situación. Estas previsiones, las impresiones de cada uno y las preocupaciones, las comparten en privado. Quiere el gobierno ser prudente, respetar los plazos de la Justicia y esperar a conocer los entresijos de la sentencia. No quiere lanzar las campanas al vuelo con ninguna cantidad, consciente como es el ejecutivo de que el caso está en el juzgado contencioso administrativo (en las salas número 3 y número 6), que es el primer peldaño judicial y que todavía queda recorrido para tratar de reducir la cantidad. En el tripartito, de hecho, también se asume que la sentencia será recurrida para ganar tiempo y, así, evitar un impacto brusco sobre las inversiones de los próximos años.
Tanto en el gobierno como en la oposición cuentan con la sentencia antes de las elecciones generales, circunstancia que ha obligado a los partidos políticos a preparar sus discursos en clave electoral. La historia no les pillará de sorpresa como lo hizo la sentencia de "Villa Magdalena", que aboca al Ayuntamiento al pago de otros 30 millones de euros por un palacete que acabará costando al Ayuntamiento 60. A diferencia de lo que se espera para el Calatrava, pocos pensaban el desenlace del proceso de la finca de Avenida de Galicia.
Ahora es distinto. El gobierno y la oposición son conscientes de que la "operación de los Palacios", en la que están implicados tanto el Ayuntamiento como el Principado, va a suponer otro "varapalo" para Oviedo. En el proceso se dirimen los intereses del Ayuntamiento contra los del Banco Santander y el administrador concursal de Jovellanos XXI (promotora del edificio de Buenavista), que reclama 96 millones de euros en compensación por el rescate de la concesión del Palacio de Congresos por parte del municipio.
Hace más de dos meses, la Fiscalía del Principado de Asturias solicitó al juez el archivo de las denuncias sobre el que formularon, tras una comisión de investigación, PSOE e IU, entonces en la oposición. La Fiscalía concluyó que no apreciaba ninguno de los cinco delitos denunciados (prevaricación administrativa, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraude y exacciones ilegales) y consideró que las denuncias, formuladas en el año 2014 de forma separada por IU y por el PSOE tras una comisión de investigación en el Ayuntamiento, se basaron "exclusivamente en sospechas o suposiciones" que desvirtúan el principio de presunción de inocencia.
En un escrito de 40 páginas, el Ministerio Fiscal concluyó que no había pruebas para respaldar una denuncia que reclamaba responsabilidades políticas y ponía en duda la conducta de varios dirigentes y funcionarios tanto de la administración local (entonces liderada por el PP) y la regional, del PSOE, así como a otros actores del proceso. Entre ellos, el exalcalde popular Gabino de Lorenzo, el expresidente socialista del Principado Vicente Álvarez Areces, el arquitecto Santiago Calatrava o la empresa Jovellanos XXI.
