La Nueva España

Los docentes cuestionan la gestión de las oposiciones por el Adolfo Posada

09.04.2008 | 02:00
Opositores atienden en una jornada informativa sobre las oposiciones organizada el pasado viernes por ANPE.
Opositores atienden en una jornada informativa sobre las oposiciones organizada el pasado viernes por ANPE.

La primavera empezó algo revuelta para interinos y opositores docentes en Asturias. Las recién convocadas oposiciones para profesores de Enseñanza Secundaria, escuelas de idiomas y especialidades artísticas y FP están causando un revuelo añadido al que de por sí genera este tipo de procesos selectivos.
Y es que, por primera vez, la convocatoria no ha partido de la Consejería de Educación, como venía siendo habitual, sino del Instituto Asturiano de Administración Pública Adolfo Posada (IAAP). Los interesados aseguran estar viviendo una situación de «duda y confusión», ya que temen que la falta de experiencia de este organismo complique el proceso generando errores. Así las cosas, los aspirantes tratan de conseguir información, mientras los sindicatos se afanan en proporcionarla y, en algunos casos, en sacar a la luz el «trasfondo político» que observan en esta controvertida convocatoria, que este año, además, incluye algunas novedades.
Marina, de 31 años, es una de las aspirantes que se encuentran en esta situación. Profesora interina de Matemáticas en un instituto gijonés, se enfrenta con la nueva oposición hecha pública hace dos semanas (BOPA de 25 de marzo de 2008) cuya convocatoria, dice, «no es clara y genera muchas dudas. Se encarga de ella por primera vez un organismo que desconoce la cuestión». Cree que detrás hay motivos políticos. «Supongo que a este paso seguiré siendo interina muchos años», lamenta.
Para algunos de los sindicatos asturianos, esta disposición es la «crónica de un desastre anunciado», debido a que el Instituto carece de la experiencia necesaria para solventar con éxito el complejo desarrollo de un proceso selectivo con decenas de especialidades y con una mecánica que siempre es enrevesada. Esta situación de revuelo e inseguridad viene a poner, además, el dedo en la llaga de la reciente destitución del director general de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, Arturo Verano, un estrecho colaborador de Riopedre en los últimos años que se ha ido con discreción. «Destituir a Verano ha sido quitar una piedra del camino», añaden fuentes del sindicato ANPE, cuyo representante, Gumersindo Rodríguez, confía a pesar de todo en el nuevo director de personal, Alberto Muñoz, porque «conoce el sistema».
Desde UGT, Daniel Gutiérrez considera que, «aunque la decisión del Gobierno busca una teórica eficacia incrementando el control en aras de una buena gestión, es una locura que gestione este asunto quien lo desconoce, ya que está en juego el futuro de cerca de tres mil opositores e interinos».
No hay dudas de que el Gobierno pretende centralizar la gestión de su personal, pero no se explica muy bien que eso incluya un sector tan específico y con tantas peculiaridades como Educación. «Es un paso más en el empeño en hacer desaparecer a la Consejería de Educación», afirman en SUATEA, el sindicato mayoritario educativo en Asturias.
La junta de personal docente no universitario, en la que están representados todos los sindicatos, sostiene que esta medida es un paso más en el proceso de «descafeinamiento» que el Gobierno está realizando con la Consejería de Educación al «mermar sus competencias en personal», situación que se añade, según ellos, al cese de Verano y a la falta de negociación con los representantes docentes. Mientras, ningún representante de la Consejería de Educación quiso ayer hacer declaraciones sobre este asunto.
En el otro lado de la polémica se encuentra la consejera de Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya, máxima responsable del Instituto Adolfo Posada, quien en una entrevista publicada en LA NUEVA ESPAÑA, en la edición de Gijón, el pasado 6 de abril sostenía que «la filosofía del Gobierno es que Educación no es un mundo aparte», y afirmaba que, aunque comprende la postura sindical, «estamos en nuestro derecho de buscar la estructura organizativa más eficiente para los intereses generales».
Logística y matices políticos se mezclan. ANPE teme que «pueda producirse una cascada de recursos por malas baremaciones si las comisiones no están en manos de personal técnico». UGT confía en que «la labor del Instituto se quede en algo formal».
Pero el proceso de oposición, con varias fases (concurso, oposición y, en algunos casos, fase práctica), parece ser una prueba de obstáculos burocráticos en el que los aspirantes han de tener muy clara su situación, el cuerpo al que pertenecen, la plaza a la que aspiran o la posibilidad de suplir la programación didáctica B2 por un informe restringido al que se puede acoger quien acredite haber cumplido seis meses de servicio ininterrumpido en el mismo puesto. Por otro lado, las diferentes etapas de implantación de la LOE generan dudas a la hora de elaborar las unidades didácticas. SUATEA solicita además el anonimato de las pruebas, que garantice su objetividad. Y es que el futuro de muchas personas depende de este proceso, «a pesar de que las 140 plazas convocadas constituyen una cifra ridícula», denuncian. Realmente «se trata de un conflicto directo del Gobierno con los docentes asturianos», lamenta Beatriz Quirós, representante de SUATEA, quien añade que, «si no sale bien, no se garantizan los principios de igualdad, mérito y capacidad y caeremos en el clientelismo».
La falta de información se suple, de momento, con el boca a boca y con reuniones informativas. Sindicatos e interesados aguardan la inminente publicación de la «Corrección de errores de la convocatoria de oposiciones 2008» en la confianza de que subsane y aclare, en lo posible, las dudas.

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