Oviedo, Pablo ÁLVAREZ
La Consejería de Sanidad del Principado tiene previsto acometer la elaboración de una ley de prevención del consumo de bebidas alcohólicas en menores de edad. Entre otros contenidos, esa futura normativa elevará de 16 a 18 años la edad mínima para poder adquirir este tipo de bebidas, una medida que equiparará a Asturias con las restantes comunidades autónomas del país.
Así lo anticipó ayer Cristina Coto, diputada de Foro Asturias, en la Junta General del Principado. Coto precisó que efectuaba este anuncio «en nombre del consejero de Sanidad», presente en el Parlamento, y agregó que dicha ley incluirá medidas para limitar la venta y el suministro de alcohol a los adolescentes asturianos, así como una regulación de la publicidad.
De este modo, Sanidad se pliega al contenido de la proposición no de ley presentada por el PP y debatida ayer en la Junta General del Principado. Contó con el respaldo del PSOE, lo que dio como resultado una mayoría parlamentaria. Izquierda Unida optó por abstenerse. Y, bajo el argumento de que el Gobierno regional «va a ir más allá», los diputados de Foro votaron en contra.
El pasado 14 de septiembre, el titular de Sanidad, José María Navia-Osorio, había declarado durante su comparecencia en el Parlamento que prohibir la venta de alcohol «no forma parte de nuestras prioridades». «Tenemos otras prioridades; y si usted quiere presentar un proyecto de ley, pues a ello», replicó Navia-Osorio al diputado del PP Carlos Galcerán. Los populares hicieron caso. Ayer, Galcerán defendió la propuesta y Navia-Osorio vio cómo las prioridades ajenas condicionaban las de su propio departamento.
Asturias es actualmente la única comunidad autónoma de toda España en la que es legal vender alcohol a menores de edad. Todos los portavoces parlamentarios admitieron que la simple modificación de la edad mínima para adquirirlo no será una panacea, pues no consta que otras autonomías registren unos indicadores de consumo juvenil más alentadores que los del Principado. Una de las claves residirá en que se haga cumplir la ley, según subrayó la diputada del PSOE Pilar Alonso. El dato más preocupante lo facilitó Galcerán: el primer contacto con el alcohol de los adolescentes asturianos se produce a una edad de 13,7 años.
La iniciativa parlamentaria del PP instaba al Gobierno de Francisco Álvarez-Cascos a elaborar un proyecto de ley que modificase el aspecto relativo a la edad mínima que figura en la ley vigente en el Principado. Una norma que data de 1990. El PSOE planteó una enmienda, aceptada por los populares, que reclamaba al Ejecutivo autonómico a impulsar «una ley integral de prevención, asistencia e incorporación social de drogodependientes, en la que se preste atención a todo tipo de drogodependencias».
Ambas propuestas fueron votadas conjuntamente. IU, que mantuvo su tradicional rechazo a elevar de 16 a 18 la edad mínima por considerar inútil esa modificación, hizo gala de una cierta flexibilidad. La diputada Noemí Martín señaló que si el PP aceptaba la inclusión de la citada enmienda ellos cambiarían el no por la abstención. Así fue finalmente.
El PSOE cumplió con lo anunciado y votó a favor de elevar a 18 años de la edad mínima para adquirir alcohol. Los socialistas dejan atrás su tradicional rechazo a esta medida, que en la pasada legislatura fue abanderada por el consejero de Salud, Ramón Quirós. Ya en la campaña electoral de los pasados comicios autonómicos, el PSOE reflejó en su programa este cambio de postura. Pilar Alonso apeló ayer a los juicios expresados al respecto por médicos y científicos, y también por el fiscal antidroga de Asturias.
La proposición no de ley de los populares incluía un segundo aspecto: reclamaba al Ejecutivo la elaboración de un nuevo plan de drogas para Asturias. Este planteamiento fue rechazado por todos los demás partidos representados en el Parlamento. Sus portavoces sostuvieron de forma unánime -al igual que el Gobierno autonómico- que en el Principado ya está vigente un plan de drogas aprobado en diciembre de 2010 por el Gobierno de Vicente Álvarez Areces y posteriormente debatido en la Junta General del Principado en dos reuniones de la Comisión de Salud, celebradas el pasado mes de marzo.
