En 1975, una década después del nacimiento de las dos primeras asociaciones asturianas de la discapacidad intelectual, nació UMA, la primera entidad de la discapacidad física. Ahí sigue, con 1.500 socios "muy comprometidos", en palabras de uno de sus promotores, Mario García, quien fue presidente del CERMI España desde 2002 a 2008. La UMA forma parte de la confederación Cocemfe, que en Asturias agrupa a veintiséis asociaciones y en España tiene más de mil seiscientas. Hablamos de discapacidad física y orgánica, que incluye a asociaciones de enfermos de riñón, hemofilia, alzhéimer y párkinson. "En Cocemfe hemos creado unos cuatro mil puestos de trabajo en 2013, pero la tasa de actividad laboral de las personas con discapacidad sigue 40 puntos por debajo de la tasa de la población general", afirma Mario García, promotor en los años noventa de Cocemfe Asturias.

En estos cincuenta años de movimiento asociativo las iniciativas laborales se sucedieron. La actual gerente de FEAPS Asturias, Casilda Sabín, recuerda una de 1989, una fábrica de juguetes promovida por Adepas. Sobró voluntad, pero faltaron las ayudas necesarias.

El ejemplo más claro -y también más actual- de las dificultades es el Centro Especial de Empleo APTA, S. L., de Gijón, que este mes planteó un expediente de regulación de empleo (ERE) para noventa y tres trabajadores, a los dos años de haber despedido a ciento tres. APTA fue durante años el espejo en el que se miraron iniciativas parecidas en toda España. Allí trabajaron discapacitados físicos e intelectuales al calor de los encargos industriales externos que llegaban puntuales y constantes. De la Suzuki, por ejemplo. Se marchó la multinacional gijonesa y se perdió el principal cliente. APTA acabó 2013 con 2,4 millones de euros de pérdidas. Buena parte de los trabajadores que se fueron para casa tiene muy escasas posibilidades de volver al mercado, entre otros factores porque hay entre los despedidos en su día mayoría de discapacitados intelectuales, que aún lo tienen más complicado.

"Hay poca creación de empleo, es verdad", reconoce Casilda Sabín, una de las personas que mejor conocen el sector en el Principado. "Hay en Asturias cierta cultura de la pensión, las familias nunca se atrevieron a renunciar a esas ayudas y arriesgarse a una aventura laboral", explica.

Y es que Asturias tiene peores "notas" que otras comunidades en este sentido. La tasa de ocupación laboral de las personas discapacitadas era en 2011 en el Principado del 33%, tres puntos menos que la media nacional, y por debajo de autonomías como Cataluña, Valencia, y Castilla y León. En realidad, sólo superamos a Canarias, Galicia, Cantabria, Extremadura y Andalucía.

"Hay un recorrido larguísimo en las posibilidades de empleo" para esas más de 125.000 personas que en Asturias presentan certificado de discapacidad, asegura Paulino Azúa.

"Es nuestro gran problema, nuestro talón de Aquiles. El desempleo es espectacular", reconoce la presidenta del CERMI en Asturias, Mónica Oviedo. Pero las dificultades económicas no sólo se notan en materia de empleo. El copago por la prestación de servicios hace mucho daño, "la gente deja de ir al centro de día y se queda en casa", perdiendo autonomía, perdiendo socialización. La ley de la dependencia focalizó sus esfuerzos más en la tercera edad que en la discapacidad. Hoy es una ley en vía muerta, con la amenaza de que no sirva ni para unos ni para otros.

La tasa de paro femenina entre la población discapacitada es de casi siete puntos más que la masculina. Casi nueve de cada diez trabajadores con discapacidad son asalariados, casi ocho de cada diez asalariados tienen contrato indefinido y ocho de cada diez son trabajadores del sector servicios.