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La Universidad teme que las carencias del nuevo HUCA retrasen el inicio del curso

El equipo rectoral advierte que docencia y prácticas no arrancarán hasta que se resuelvan los problemas de equipamiento, vestuarios y despachos

Área de docencia del nuevo HUCA. LUISMA MURIAS

El equipo rectoral de la Universidad de Oviedo teme que los flecos pendientes en el equipamiento del nuevo Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) propicien un retraso en el arranque del curso -previsto para el próximo 9 de septiembre- de las carreras que impartirán docencia y prácticas en el complejo sanitario de La Cadellada. "La actividad académica en el nuevo HUCA no se iniciará hasta no disponer de todo el material", señala una carta enviada por el vicerrector de profesorado y ordenación académica, Julio Antonio González García, a todo el personal docente e investigador, y también a la plantilla de administración y servicios de los departamentos universitarios implicados.

Medicina, enfermería y fisioterapia son las titulaciones que desarrollarán parte de su actividad en el complejo hospitalario ovetense, que inició su actividad plena el pasado 14 de junio. En esa fecha comenzaron a funcionar las urgencias, los quirófanos y el área de hospitalización (las consultas externas ya habían entrado en servicio con anterioridad, de forma escalonada).

En su misiva a los trabajadores, el vicerrector da cuenta de una reunión entre el equipo rectoral y la directora general de Universidades del Principado, Miriam Cueto, celebrada hace hoy justamente una semana. El objetivo del encuentro consistía en analizar asuntos relacionados con la docencia y las prácticas clínicas en el nuevo HUCA.

La carta repasa el elenco de cuestiones que, a juicio de los dirigentes universitarios, están pendientes de resolver. Una vez enumeradas, es cuando el vicerrector concluye que en la citada reunión "se dejó constancia" de que el curso no arrancará en tanto no estén resueltos los aspectos reseñados "en los apartados anteriores". Y apostilla: "Por ello, es previsible que no se inicie el día 9 de septiembre, tal como está previsto en el calendario académico para el curso 2014-15".

¿A qué apartados se refiere? Julio Antonio González explica a los destinatarios de su mensaje que en la reunión fueron abordados, entre otros epígrafes, "el mobiliario de las clases, instalación de cañones, la conexión a red, wifi...". De igual modo, las dos partes comentaron la situación de los vestuarios para los estudiantes de enfermería y fisioterapia, así como de "las taquillas para todos los alumnos". "Quedó pendiente la ubicación de algún despacho para tutorías, sin concretar cuántos", señala la carta del vicerrector.

Un asunto que parece llamado a generar polémicas es el relativo a los aparcamientos, que también ha suscitado malestar entre el personal del Hospital Central. "Sólo está previsto reservar algunas plazas para el profesorado, no para estudiantes, en las mismas condiciones que para el resto del personal del HUCA", señala el documento. El vicerrector puntualiza que la gestión administrativa "seguirá en las dependencias actuales de la Facultad", y agrega que la apertura y el cierre de las aulas "correrá a cargo del personal del HUCA".

No es éste el único tira y afloja que el Gobierno regional y la Universidad de Oviedo mantienen en el ámbito sanitario. Desde hace unos meses, ambas instituciones están enfrentadas por el pago de un plus salarial a 51 catedráticos y profesores titulares de la Universidad de Oviedo que, además, son médicos del Hospital Central. La Universidad llevaba varios años abonándoles un complemento retributivo que oscila entre 250 y 400 euros mensuales, sobre la premisa de que la Consejería de Sanidad terminaría transfiriendo esa cuantía a la entidad universitaria. Sin embargo, el Gobierno regional ya ha anunciado que no pagará a la Universidad los más de dos millones de euros pendientes que le reclama.

En conscuencia, la institución académica ha optado por reclamar a los propios médicos-profesores que devuelvan las cuantías del citado plus cobradas en los últimos cuatro años. Según los propios afectados, la cuantía que habrán de restituir oscila -en la mayoría de los casos- entre 15.000 y 18.000 euros. Lo más previsible es que el desencuentro termine en los tribunales de justicia.

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